l A mediados de 2014, Claudia Rodríguez esperaba dentro de su auto que la luz del semáforo cambiara a verde cuando un hombre, que escribía incesantemente en su celular, se pasó la luz roja y la chocó. Por suerte para ella, no pasó a mayores, pero en ese momento la mujer sintió que había que educar a la población sobre el correcto uso de los dispositivos móviles, para así prevenir accidentes.

Rodríguez creó la agrupación ciudadana No Chat a Bordo, y al poco tiempo, el diputado PPD, Felipe Letelier la contactó para instruirse sobre el tema. Ayer, ambos presentaron un proyecto de ley en el Congreso que busca endurecer las penas para los conductores que utilicen su celular, ya sea para chatear o navegar en redes sociales, mientras manejen.

Las penas podrían llegar a multas de sobre $120 mil y la suspensión de la licencia de por hasta 90 días. Actualmente es una falta grave que sólo se paga un parte $50 mil aprox. J

lLa Presidenta Michelle Bachelet bajó por sexto mes consecutivo su aprobación ciudadana, obteniendo un 40% de evaluación positiva, y un 53% de desaprobación, en la última encuesta Adimark de Diciembre, su peor resultado hasta la fecha en este estudio desde 2006. El mes pasado, la Mandataria había conseguido 42% de evaluación positiva y un punto menos de rechazo. No obstante, los atributos personales de la Presidenta muestran tendencia a mejorar o, en algunos casos, a mantenerse, frenando una tendencia negativa que se había observado durante los últimos meses. El ítem en el que tuvo la mayor alza fue "Cuenta con capacidad para solucionar los problemas del país", que sube 5 puntos y se situó en 61% de evaluación positiva. Asimismo, también mejoró su "liderazgo", el que obtuvo el 65% de aprobación positiva. La aprobación del Gobierno sigue siendo más baja que la de la jefa de Estado (37% versus 40%). J

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó ayer fecha al octavo juzgado de garantía para formalizar a los principales ejecutivos del grupo Penta, sospechosos de cometer delitos de lavado de activos, tributarios y cohecho (respecto a funcionarios públicos), y de soborno en el caso de los particulares.

Todo como parte de una investigación iniciada el año pasado por supuestas irregularidades en el uso del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), pero que ha derivado también en financiamiento de campañas políticas, lo que ha afectado a emblemnáticos personeros UDI, además del economista Andrés Velasco y el ministro de Obras Públicas (DC), Alberto Undurraga.

A los socios fundadores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el Ministerio Público les imputa delitos tributarios y soborno.

Al gerente general corporativo Manuel Antonio Tocornal; a Samuel Irarrázaval, representante legal de algunas de las empresas del grupo; y a Carlos Bombal, director de una de las firmas del holding, se les formalizará por delito tributario.

A ellos se suma el ex subsecretario de Minería del gobierno anterior, Pablo Wagner, que antes trabajó por 12 años en Penta y que habría recibido entre 2010 y 2011, ya siendo autoridad, pagos por $42 millones del holding. Su defensa ha negado que desde su cargo haya incidido en el destino de proyectos mineros relacionados con el consorcio. Pese a ello, ayer la fiscalía comunicó que lo formalizará por los delito de cohecho y lavado de activos.

El listado dejó fuera por ahora al ex gerente general Hugo Bravo, uno de los más mencionados a lo largo de la investigación y que ha aportado más antecedentes a la indagatoria que lidera el fiscal Carlos Gajardo. De hecho, según todos los testimonios era él quien tramitaba el pago de dinero a los candidatos.

Golborne reconoce

El ex candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, reconoció ante el fiscal Carlos Gajardo que para su campaña en las primarias de la Alianza solicitó y recibió dinero del grupo Penta, según reveló ayer El Mostrador, que reprodujo las declaraciones del ex ministro.

El ingeniero que compitió por la UDI le contó al abogado el 3 de noviembre que recurrió al socio del conglomerado, Carlos Alberto Délano, luego que dejara la cartera de Obras Públicas y decidiera ser candidato presidencial.

Agregó que el empresario aceptó y lo derivó a conversar con el entonces gerente general del grupo, Hugo Bravo, quien le habría dicho que debía facturar a nombre de Penta S.A. y Penta III.

Golborne afirmó que en total se cursaron seis documentos por $20 millones cada uno. Las facturas se emitieron a nombre de Vox Comunicaciones, una empresa que fundó en 2009. J