Fabián San Martín D.
En libertad cumpliría una eventual condena el pitonero del "guanaco" que el 21 de mayo del año pasado en avenida Pedro Montt, con un chorro de agua dejó seriamente herido al estudiante de la UC, Rodrigo Avilés.
Ayer en el tribunal de garantía el ex sargento 2° de Fuerzas Especiales, Manuel Alejandro Noya, de 39 años, fue formalizado por lesiones graves. Según el fiscal Cristián Andrade, el imputado irrespetó el protocolo institucional para este tipo de manifestaciones, y lanzó un chorro de agua a 4,7 metros de distancia de Rodrigo, que cayó al suelo y golpeó su cabeza. Inconsciente, con un TEC y otras lesiones hemorrágicas fue ingresado con riesgo vital al Van Buren. Había un 85% de posibilidades que falleciera.
La recuperación ha sido lenta, ya que el estudiante fue sometido a una craneoplastía (placa de titanio en la cabeza), y -de acuerdo a un peritaje- como secuelas presenta crisis convulsiva, epilepsia facial, trastorno de deglución y problemas de adaptación laboral y social.
Según la parte querellante, Rodrigo Avilés recibió el alta hospitalaria pero no la médica, y el caso sería un delito de lesiones graves gravísimas. Además estiman que el ex uniformado debiera ser formalizado por obstrucción a la investigación, abuso contra particulares y agravio inferido por funcionario público.
Muchedumbre
La defensa del ex uniformado -a cargo de dos abogados de Carabineros- planteó que tienen evidencia gráfica que una muchedumbre pisoteó en la cabeza al estudiante tras caer al suelo. De ser condenado por lesiones graves, Noya cumpliría pena de presidio menor en su grado medio (541 a 3 años de cárcel) en libertad por su irreprochable conducta anterior. El fiscal Andrade considera en la causa hay un dolo eventual.
El imputado salió libre con arraigo nacional y firma mensual en la Fiscalía por seis meses de plazo de la investigación. A Félix Avilés, padre de la víctima, le preocupa que a casi un año del hecho no haya noticia del sumario administrativo de Carabineros, y calificó de gravísimo e imprudente que la institución asesore legalmente al imputado que dio de baja tras el incidente.