Qué difícil es para nosotros como padres o apoderados enfrentarnos a leer en un periódico la noticia de una adolescente que agrede a otra con un arma blanca en las afueras del propio colegio, y más triste aún leer que el director de ese colegio declara que no puede expulsar a la agresora porque la nueva "Ley de Inclusión" no lo permite. Qué difícil es quedarnos callados y de brazos cruzados viendo cómo una ley que se supone generará más inclusión y mejoras en la educación, hoy expone a nuestros hijos a un ambiente que crea caos e incertidumbre, no sólo en alumnos y apoderados, sino que además en las comunidades educativas.

Esta nueva ley ata de manos a las autoridades de los establecimientos, no solamente en los aspectos administrativos, sino también en la aplicación de los reglamentos y sanciones, exponiendo a los mismos alumnos que debieran estar protegidos por el sistema a ser víctimas de quienes aplican la violencia como forma de vida. Tenemos claro que quienes legislan este tipo de medidas jamás serán los que pasarán estas angustias, pues sus hijos están en colegios pagados cuyos reglamentos estrictos no son tocados ni intervenidos y tal vez para los expertos que están detrás de la creación de estos proyectos nuestras opiniones son alarmistas, pero para nosotros, los padres que día a día enviamos a nuestros hijos al colegio confiados en que estarán cuidados y resguardados al interior del mismo, no es ser alarmistas, sino manifestar una aprehensión real por el rumbo que hoy se está dando a los establecimientos educativos. Hoy como padres y apoderados hacemos un llamado a nuestros legisladores a enmendar el daño que se causó con esta nefasta ley, que reformen esta reforma y que sean capaces de ponerse en nuestro lugar.

Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA.