Con decepción y rabia reaccionó ayer la familia de Gladys Alavarado, que murió atropellada por un chofer que no le presto auxilio en octubre de 2015. Ayer fue la lectura de sentencia para el condenado Cristián Andrés Fuentes Balmaceda.

El tribunal lo absolvió del cargo de manejo en estado de ebriedad causando la muerte, pero lo condenó a 3 años de presidio por huir y no prestar auxilio a la víctima, y a 400 días de presidio por cuasidelito de homicidio. Por ambas penas recibió los beneficios de libertad vigilada y remisión condicional de la pena. Cumplirá un año privado de libertad, pero con el tiempo que ha estado en prisión preventiva le queda solo un mes y medio de encierro. A perpetuidad no puede conducir un vehículo y debe pagar una multa de 11 UTM. Natalie Peña, hija de la fallecida, se mostró dolida por la resolución. "Condujo borracho y no le prestó auxilio y se fugó durante días. Su familia sabe que es un asesino, tiene condenas por varios delitos y no estamos satisfechos que este preso tan poco tiempo. Es insuficiente y vamos a apelar, no descansaremos hasta que se haga justicia", enfatizó.

Fabián San Martín D.

Un joven soldador peruano fue arrestado ayer por su responsabilidad en un incendio que dejó una veintena de damnificados en Playa Ancha. La emergencia se desató cerca de las 13.30 horas en las calles Carlos Oyarzún con Paulino Alfonso en el cerro Mesilla. A esa hora el fuego apareció en una vivienda ubicada en el N°146, la que se propagó por los techos a construcciones ubicadas en los números 160, 162, 164, 168, 170, 172 y 178. Según Carabineros, las afectadas son ocho casas tipo cité. Ocho compañías de bomberos acudieron prestos a enfrentar la emergencia.

El comandante Enzo Gagliardo señaló que el fuego afectó principalmente los segundos pisos, a través de los cielos y entretechos y algunas habitaciones, mientras que los primeros niveles sufrieron daños por la acción de agua.

No hubo lesionados y tras una hora de trabajo la situación fue controlada. "Se llenó de humo y tuve que arrancar con mi hijo de un año. No salvamos nada", dijo Cindy Valencia, una afectada. Carabineros de la Primera Comisaría Sur, tras las primeras pesquisas, dio con el causante del siniestro.

"Un soldador se hallaba trabajando en un pilar para darle más soporte a la vivienda, cuando comenzó el fuego. Quiso apagarlo pero se propagó al inmueble vecino", comentó el mayor Cristián Millar.

En shock

El soldador peruano I.D.R.T., de 23 años, en estado de shock, confesó su autoría sin intencionalidad. Fue detenido y llevado al cuartel, pero la fiscal Marcia Rivas dispuso su libertad. Quedó apercibido a la espera de ser citado a declarar. Se dispuso que un equipo de Labocar, a cargo del teniente Alberto Muñoz, efectuara peritajes y levantara evidencias. Los peritos determinaron que el soldador y un ayudante trabajaban en un pilar de fierro, cuando se produjo un calentamiento de una estructura de adobe, que se propagó por los entretechos a propiedades contiguas. Personal de OS-9 tomó declaración a testigos y damnificados. Ricardo Valdés, director de emergencia municipal, informó que hubo cuatro familias afectadas (15 adultos y 5 menores). Fueron catastrados para la entrega de víveres, colchonetas y frazadas. Se les gestionará un subsidio para la rehabilitación de su hogares.

Una querella contra cuatro oficiales de Carabineros interpuso ayer en el tribunal de garantía de Valparaíso la Defensoría Popular.

Lorenzo Morales, abogado del organismo, explicó que representa a seis jóvenes que son amigos de los cinco formalizados por el incendio con resultado de muerte de Eduardo Lara, el pasado 21 de mayo. Según el profesional, cinco de ellos son testigos en la causa y los uniformados, pertenecientes al OS-9, efectuaron declaraciones forzadas para que reconocieran a las personas inculpadas por la Fiscalía. Esa acción la habrían concretado un día antes de la formalización, en los hogares de los testigos. "Se cometieron amenazas y delitos contra particulares. Se forzaron declaraciones y tenemos las pruebas pertinentes para que se inicie una investigación". En la querella se pide como diligencia que los uniformados sean entrevistados por el Departamento V de Derechos Humanos de la PDI. El abogado espera que el caso no sea derivado a la Fiscalía Militar. Si el tribunal de garantía acoge a tramitación la querella, el Ministerio Público debe investigar el caso y eventualmente formalizar a los oficiales policiales.