Es de esperar que el Presidente Piñera devuelva a la Contraloría General de la República (CGR) su exclusivo derecho a fiscalizar el uso de los recursos del Estado. Lo anterior debido a las múltiples y curiosas justificaciones que dan parlamentarios y autoridades de Codelco, para explicar el porqué sus conductas financieras y administrativas no deben ser fiscalizadas por la CGR. Sospechosamente se trata de los dos organismos más relevantes del Estado y en los cuales sólo casualmente o "ex post facto" se han detectado numerosos y millonarios fraudes.

Es importante recordar que la Contraloría General es organismo que fue legalmente creado para "fiscalizar las instituciones y empresas del Estado sin excepción, de modo que la ciudadanía sepa cómo éstas hacen uso de los recursos fiscales o públicos". Aplaudo al actual contralor, por su valentía para defender los derechos constitucionales y legales de su institución, pese a las amenazas de querellas u otras acciones intimidatorias recibidas, que son de público conocimiento.

La pregunta que con seguridad se hace el contralor es: qué razones o motivos tan extremadamente poderosos y graves hay detrás, para no querer que la Contraloría los fiscalice, y prefieran que sea una institución elegida por ellos mismos, como es hoy en el Parlamento el Consejo de Asignaciones, y como quiere Codelco, que sea Cochilco.

En situación me recuerda el refrán chino que dice "el ladrón, para robar tranquilamente, envenena o anestesia al perro guardián".

Jaime Manuel Ojeda Torrent