Fiscalía formaliza a empresa involucrada en caso Fraude al Fisco 3
Como parte del caso Fraude a la Intendencia 3, la Fiscalía formalizó ayer a la empresa Haza Limitada, imputada de cometer el delito de cohecho en la adjudicación de dos licitaciones del programa Mejoramiento Territorial de Cabildo y Petorca, financiado por el Gobierno Regional (Gore), y que se presenta como una nueva arista del caso Fraude al Fisco 3. En ese proceso, el año 2017 fueron acusados de fraude al fisco la ex funcionaria del Gore, Nelda Garcés; Eduardo Jorquera, representante legal de la mencionada empresa Haza Limitada, Marcela Cartagena, jefa de proyectos de la misma firma y quien además es pariente de Garcés, y Sergio Segovia, socio de la empresa Signo limitada, también pariente de la ex funcionaria pública.
Beneficios
El fiscal que lleva el caso, Claudio Rebeco, explicó que "de acuerdo a la ley de responsabilidad de personas jurídicas, cada vez que al interior de una empresa se comete un delito de cohecho lo que corresponde es investigar si en definitiva hay responsabilidad de esa empresa en la comisión de ese ilícito".
Rebeco detalló que "lo que se detectó es que en definitiva la funcionaria del Gobierno Regional, Nelda Garcés, habría solicitado beneficios económicos en compensación de conductas irregulares, que coincidieron básicamente en el favorecimiento de esta empresa para la adjudicación de esta licitación".
El persecutor advirtió que todas estas movidas están acreditadas a través de transferencias bancarias de Eduardo Jorquera a Nelda Garcés, situación que para la Fiscalía corresponde al delito de cohecho. "Es por la falta de diligencia de esta empresa en la ejecución de estos ilícitos, que la hemos formalizado".
El fiscal destacó que "esta empresa se organizó defectuosamente permitiendo entonces que ejecutivos o controladores de la misma cometieran un delito de cohecho".
Los dos proyectos licitados eran por un monto superior a los $100 millones, pero a la empresa se le alcanzaron a pagar $34 millones. "El Gobierno Regional, advirtiendo las conductas irregulares puso término a los contratos y con eso evitó que se siguieran cursando estados de pago".