Habiendo transcurrido ocho meses del ingreso al Parlamento del proyecto de ley de Reforma Tributaria del actual Gobierno y con algunos cambios que complementan el original, como la baja en las contribuciones a los adultos mayores vulnerables y de clase media, la baja en el umbral de exención de IVA para viviendas entre UF 3.000 y 4.000, y el beneficio de un 1% a las inversiones en regiones; éste mantiene intacto su carácter regresivo y sin especificar cuantitativamente su declaración de neutralidad.
La reforma es regresiva. Las cifras del Ejecutivo señalan que el Estado dejará de percibir entre US$833 millones y potenciales US$1.000 millones anuales cuando el sistema se vuelva a integrar. Con ello, las grandes empresas, vía tributos, tendrán mayores beneficios tributarios que las Pymes.
La reforma no mantiene su condición de neutral; la baja de los tributos para algunos no sería compensada por el alza de los mismos para otros, a fin de garantizar una igual recaudación tributaria. Si bien existe certidumbre sobre la caída en la tributación por reintegración del sistema, aún no hay datos oficiales del Ministerio de Hacienda sobre los montos a recaudar vía impuestos por boleta electrónica, impuestos digitales e impuestos a las emisiones de carbono.
En materia macroeconómica, en agosto de 2018, la expectativa de crecimiento para Chile, según el Fondo Monetario Internacional, fue de un 3,5%; hoy es más exigua y no superará el 3% anual en 2019.
Con todo, el Estado- aprobada la modernización tributaria- podría contar con una menor recaudación y, por consiguiente, vería mermado su presupuesto para el gasto e inversión pública, variables de relevancia para la generación de políticas públicas y sociales.
María José Becerra
Académica Escuela de Economía y Negocios, U. Central
