Amenazan de muerte a destacada dirigenta social de Quintero
El pasado martes a mediodía, Katta Alonso, presidenta de la organización "Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví en Resistencia" llegaba a su casa en el sector de Ventanas cuando fue abordada por un sujeto que manejaba una camioneta Fiorino naranja.
"Me dijo que por culpa mía se iba a quedar sin trabajo y me iba a quemar la casa", explica ella en conversación con La Estrella de Valparaíso. "Me da mucha pena porque nosotros siempre hemos dicho que los trabajadores que están en el sector industrial son los más perjudicados con la contaminación".
Luego de esta amenaza directa, presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades, pero asegura que esta situación no le quitará las ganas de seguir luchando.
"Estoy bien y la verdad es que no tengo idea quién podría haber sido. Un trabajador, un contratista, una persona relacionada con alguna de las empresas, no lo sé", reconoce.
De todas maneras, la dirigenta agradece el apoyo transversal que ha recibido en las últimas horas. "Vamos a seguir, porque no es la primera vez que pasa esto, también han amenazado a mujeres del Modatima (organización que defiende el agua). Nosotros trabajamos por el bien común y la salud de todos, entonces que nos amenacen no tiene ningún sentido".
Una situación que preocupa a otros dirigentes que se enfrentan a distintos riesgos por una causa.
"Estamos muy preocupados por lo que le pasó a Katta Alonso y de cierta manera como dirigentes estamos sometidos a un estrés por personajes como estos. No olvidemos lo ocurrido a Alejandro Castro que todavía no sabemos si fue un suicidio o lo mataron", dice Patricio Vergara, vocero de "Puchuncaví Resiste", organización que recientemente presentó un recurso de protección para evitar que la planta desalinizadora contemplada para Quintero sea construida sin un Estudio de Impacto Ambiental.
Los diputados Diego Ibáñez y Marcelo Díaz presentaron un proyecto de ley que busca aumentar las penas a quienes atenten contra dirigentes sociales. La normativa fue aprobada ayer en la Comisión de Constitución y prontamente será votada en Sala.
"Aumentar las penas es un disuasivo para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y avanzar en justicia para quienes han desarrollado labores democráticas que finalmente mejoran la calidad de vida de sus vecinos", afirmó el diputado Diego Ibáñez.