Los sufragios de este domingo incorporan por primera vez la elección de los consejeros regionales. Esta reforma se consiguió gracias a un cambio constitucional que busca democratizar la instituciones regionales y trasladar el poder desde el gobierno central hacia las provincias. En términos teóricos, la modificación es una avance desde el punto de vista democrático, sin embargo, el cambio genera una serie de dudas desde el punto de vista práctico. La existencia de los cores tiene sentido en la medida de que su opinión y decisión en los planes de desarrollo de la región y en la determinación de presupuestos responda a parámetros objetivos que vayan en beneficio de la región. No obstante, que la mayoría de los candidatos sean respaldados por partidos políticos condiciona su participación. El mismo hecho de que exista una campaña por ser consejero genera duda de cuáles son sus intenciones y desvirtúan la función para la cual son elegidos.

Sería bueno buscar otras formas que permitan su selección. Un fórmula sería que fuesen cargos propuestos por corporaciones culturales, fundaciones sin fines de lucro y universidades, etcétera. Hay que buscar un procedimiento que permita asegurar la independencia de quienes opten a estos puestos para que las decisiones que tomen respondan a criterios técnicos y sociales y no estrictamente políticos.

Es un lugar común decir que las elecciones son una verdadera fiesta democrática. Se manifiesta en ese mágico instante del sufragio, en que cada ciudadano es igual a otro, cualquiera sea su educación, situación social, ingresos, religión o ideología. Eso me conecta con lo más sagrado del concepto de democracia, respeto, participación y resolución pacífica de la tensión social. En simple: el voto del analfabeto es igual al del ilustrado, el voto del joven idealista igual al del experimentado, el del conservador igual al del liberal, y luego, la aceptación por parte de las minorías del derecho de las mayorías de gobernar.