Sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional (prohibición de salir de Chile) y firma mensual en el Ministerio Público, quedó ayer el funcionario de la PDI formalizado por el deceso de un vecino del cerro Mariposas, durante un procedimiento policial ocurrido hace cinco años.

En la sala 1 del tribunal de garantía se llevó a cabo la audiencia de formalización del detective G.T.B., 36 años, de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de Valparaíso. Anteriormente, en esta causa otro detective fue formalizado por obstrucción a la investigación.

De acuerdo a la formalización comunicada ayer por el fiscal Víctor Ávila, el 16 de noviembre de 2008 funcionarios de la Briant, atendiendo a una orden de entrada y registro del tribunal de Villa Alemana, por una causa de tráfico de drogas, ingresaron a un inmueble de calle Trinquete, en el cerro Mariposas de Valparaíso. Allí se encontraron con el jefe de hogar, José Luis Soto González, quien portaba un arma blanca con la que habría atacado a los policías, quien falleció por un trauma torácico tras recibir múltiples impactos de bala. El detective G.T.B. fue imputado de homicidio simple y la Fiscalía pidió al juez Fernando Vergara un año de plazo de investigación, considerando que la reconstitución de escena develó que el sitio del suceso fue alterado y que faltan los resultados de pericias balísticas y planimétricas encargadas al Labocar de Santiago.

La discusión entre los intervinientes vino al momento de las medidas cautelares, las que no fueron requeridas por la Fiscalía, pero sí por el abogado querellante Alfredo Morgado, quien pidió arraigo nacional y firma en el Ministerio Público, en base a la gravedad del delito y al uso irracional de la fuerza.

Peritaje

Como base de su alegato, la parte querellante reveló un peritaje encargado al destacado forense y tanatólogo Luis Ravanal, quien se especializa en "contradecir" informes del Servicio Médico Legal. Es el profesional que descartó violación a los menores del colegio Apoquindo, y que asesora a la familia de Hernán Canales, atropellado fatalmente en el sur por el hijo del senador Carlos Larraín, entre otros casos mediáticos.

De acuerdo a las conclusiones del informe de Luis Ravanal, elaborado tras el fallecimiento del comerciante José Luis Soto, éste tuvo ocho impactos de bala en distintas partes de su cuerpo. Desecha la tesis de los policías, en orden a que dispararon al suelo y las lesiones fueron de rebote. Añade que los tiros en ambas piernas afectaron la capacidad de deambular de la víctima, y que la herida mortal ingresó por la espalda, cerca de un hombro, y que afecto órganos vitales como el corazón. Agrega que la víctima estaba disminuida e incapacitada, y que el patrón de distribución de las manchas de sangre en el sitio del suceso eran atípicas. Por las contradicciones policiales Ravanal recomendó una reconstitución de escena, diligencia que ya se concretó meses atrás.

Defensa

El abogado defensor, Rafael Almarza, rechazó la tesis de que la víctima fuera sometida a una suerte de ejecución. "En el informe del querellante no queda claro quién efectuó el disparo y se esbozan antecedentes incompletos", dijo, refiriéndose a que por el ángulo de tiro era imposible que su cliente le impactara en la espalda. Arguyó que no hay peligro de fuga ni necesidad de cautela de el detective, que ha colaborado en el proceso por cuatro años, y que ha testificado en más de 100 ocasiones por causas de su trabajo dirigidas por la Fiscalía; que fue elegido entre los mejores policías del país y que en la parte querellante hay "aspiraciones de orden mediático".

El juez de garantía, Fernando Vergara, acogió la tesis del querellante y acogió las medidas cautelares durante el año de investigación. La medida dejó conformes a los familiares del malogrado porteño, que presenciaron la audiencia con carteles de su imagen.

No quedó contento el defensor Rafael Almarza, quien anunció que apelará a la resolución ante el tribunal de alzada porteño. Hizo hincapié en que su cliente fue formalizado sin ningún nuevo antecedente que explique la razón del cambio de actitud de la Fiscalía, que en abril había decidido no perseverar en la causa. Aguardará el informe del Labocar, y evalúa solicitar nuevas pesquisas. El profesional manifestó entender el dolor de la familia, pero que no hay mérito para imputar al detective como autor de un homicidio.

El abogado Alfredo Morgado se mostró satisfecho con la resolución del magistrado. "Para asegurar los fines del procedimiento y el establecimiento de la verdad tenía que decretarse un arraigo y firma mensual. Este ha sido un largo peregrinar de los familiares de la víctima para establecer la verdad, cuando los únicos testigos son funcionarios policiales, uno formalizado por obstrucción a la investigación y otro por homicidio", explicó el abogado.

"Ha sido un largo peregrinar de los familiares de la víctima para establecer la verdad". Alfredo Morgado abogado querellante, quien representa a la familia de José Luis Soto.