Para nadie es un secreto que en las cárceles del país los problemas de hacinamiento son terribles. Muchas de ellas reciben casi el doble de la población para las que fueron diseñadas. Sólo en el Centro Penitenciario de Valparaíso hasta hace un par de años convivían 3.079 reos, en un espacio construido para albergar a 1.720 hombres.

Tomando en cuenta esta realidad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó el Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, el que reveló una cruda verdad en la V Región. De acuerdo al estudio, dado a conocer hace unos días, en las cárceles de Valparaíso, Limache y Quillota la situación llega a ser inhumana. Los internos deben soportar los problemas que surgen como consecuencia de la sobrepoblación: baños asquerosos, falta de espacio para los momentos libres, problemas de infraestructura (conexiones eléctricas en mal estado, por ejemplo) y falta de personal de salud. A eso se suma la escasa presencia de programas para facilitar la reinserción social, además de denuncias por maltrato y corrupción por parte de los funcionarios de Gendarmería.

Como si eso fuera poco, al momento de realizar la evaluación, el INDH constató la muerte de dos internos por riña en la cárcel de Quillota y cuatro, también por riña, en Valparaíso. En dicho lugar además falleció uno por suicidio.

hacinamiento

El estudio del INDH fue realizado en septiembre y octubre de 2012 en las cárceles de la zona y sus resultados fueron dados a conocer la semana pasada. En el voluminoso y detallado informe se da cuenta de los problemas que tienen los tres centros de la V Región, en cuanto a infraestructura y sobrepoblación penal.

En Valparaíso, por ejemplo, conviven hasta cinco internos por celda. Lo mismo ocurre en Limache, donde en algunas celdas el número puede ser mayor, generándose evidentes problemas de espacio, ya que los reos no tienen donde poner sus objetos personales.

Tampoco cuentan con lugares adecuados para pasar el tiempo que les dan fuera de sus celdas. Respecto a la CDP de Quillota, el informe señala que "los patios de los condenados varones eran bastante pequeños, no siendo posible desarrollar algún tipo de actividad física ya que la mayor parte estaba ocupada como tendedero de ropa. Estaban en pésimas condiciones; inundados y sucios".

Por el mismo hacinamiento, las instalaciones de los centros están muy deterioradas. En los tres evaluados por el INDH hay problemas importantes en los baños. El informe del CDP Quillota establece lo siguiente: "Los baños se encuentran en deplorable estado, completamente inundados y con un fuerte olor. Inclusive algunas dependencias no cuentan con ducha, por lo que los internos deben bañarse echándose agua con un pequeño balde".

En el caso de la cárcel de Valparaíso, el documento señala que "la mayoría de los baños del centro tienen fugas de agua y se encuentran inundados, estando algunos artefactos inutilizados por su mal estado y con un olor pestilente".

Pero eso no es lo más preocupante. Las tres cárceles visitadas tienen problemas eléctricos evidentes, que podrían desencadenar en una tragedia, como el incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre del 2010 y que terminó con la vida de 81 reos. En el Puerto se observó que la mayor parte de los enchufes está rota y tienen cables sueltos, "daños que habrían sido provocados por los mismos internos a fin de fabricar hervidores de agua artesanal y micrones".

Si bien las malas condiciones de habitabilidad son más evidentes en los centros de detención masculinos, en los femeninos también se dan. En Quillota, en el sector para las condenadas hay cerca de doce internas por dormitorio.

Las tres cárceles cuentan con unidad de venusterio (para recibir visitas íntimas) y, según lo detallado en el informe, todas se encontraban en buen estado y eran utilizadas por los condenados de los penales.

AISLAMIENTO

Un tema sensible en las cárceles analizadas son las dependencias de aislamiento o internación. En Quillota, las celdas destinadas para estos fines se encontraban en precarias condiciones de higiene y con escasa ventilación. Lo mismo ocurría en Limache, donde la pestilencia en estas habitaciones era evidente, según el informe.

De hecho, el Instituto de Derechos Humanos recomienda "eliminar el uso de las celdas de castigo o aislamiento. En el caso de persistir esta medida, debe ser usada con carácter excepcional y sólo para las faltas más graves. El uso generalizado de la celda de castigo por porte de celular es desproporcionado".

corrupción y violencia

Los internos entrevistados por el INDH denunciaron graves problemas de corrupción al interior de los penales, particularmente te en el penal porteño. Los funcionarios de Gendarmería cobrarían "por todo", según se expresa en el estudio.

En Valparaíso, aseguraron que "para abrir la puerta y para atender una llamada telefónica cobrarían $1.000; para dejarlos ir al área técnica, cobrarían igual suma. Para acceder a un beneficio intrapenitenciario, habría que pagar hasta $30.000 "para que el funcionario hable bien de uno" en el Consejo Técnico".

En Quillota las internas aseguraron que para obtener algún tipo de regalía al interior del Penal, había que tener dinero, mientras que los internos de los módulos de "diversidad sexual" también se refirieron a eso señalando que "para muchas cosas hay que "pagarle" a los funcionarios".

Esta situación no se da en Limache, donde los consultados destacan la buena convivencia entre internos y funcionarios. Tal clima le ha dado buena fama al centro y son muchos los reos que solicitan ser trasladados hasta ahí.

En el CDP las denuncias por violencia son especialmente delicadas. En el informe se detalla que "durante la visita se detectaron casos de interno/as con heridas, contusiones y otro tipo de lesiones. Incluso un interno que se encontraba castigado en un lugar no habilitado para dicho fin manifestó haber sido golpeado, amarrado y sumergido en un tambor de agua y gas por los funcionarios debido a que había denunciado a un gendarme por hechos de violencia en su contra". En la visita del INDH, se constató incluso la existencia del tambor y las esposas que serían utilizadas para castigar al reo.

Incluso los internos de Valparaíso declararon que eran habituales los malos tratos de parte de los gendarmes. "Varios manifestaron haber sufrido malos tratos por parte de funcionarios/as y en terreno se observaron varios internos golpeados con evidentes marcas en su cuerpo".

El informe también manifiesta su preocupación frente a las muertes ocurridas producto de violencia entre internos. Valparaíso es la segunda unidad penal con mayor número de fallecimientos por este tipo de hechos, después del CDP Santiago Sur.

Lo mismo expone con respecto a Quillota, donde dos internos murieron en una pelea. "Resulta preocupante la existencia de violencia al interior del recinto con resultado de muerte", dice el informe.

Estas son las cifras de hacinamiento en las cárceles de la Región de Valparaíso:

-CDP Quillota: varones, 258 plazas disponibles, 481 internos. Mujeres, 70 plazas disponibles, 64 internas. Total: 545. Tasa de ocupación: 175%.

-CDP Limache: varones, 84 plazas disponibles, 298 internos. Mujeres, 0 plazas disponibles, 1 interna. Total: 299 internos. Tasa de ocupación: 355%.

-CDP Valparaíso: varones, 1.720 plazas disponibles, 3.079 internos. Mujeres, 144 plazas, 247 internas. Total: 3.346 internos. Tasa de ocupación: 174%.

Cifras

Respecto al informe del INDH, el defensor regional de Valparaíso, Claudio Pérez, sostuvo que es preocupante que las tres cárceles de la región registren hacinamiento, con altas tasas de ocupación (ver recuadro), porque esta situación contribuye que se generen hechos de violencia que terminan con la vida de los internos, como ha ocurrido en las unidades penales de Valparaíso, San Antonio y Quillota. "Nos parece relevante que a través de este informe, la ciudadanía conozca la realidad que viven miles de personas que cumplen condenas o están en prisión preventiva en nuestro país. Coincidimos con el Instituto de Derechos Humanos en cuanto a las recomendaciones formuladas, como eliminar celdas de castigo o aislamiento, establecer un registro detallado de los incidentes de uso excesivo de la fuerza, aumentar programas de trabajo y de reinserción y redistribuir la población penal para disminuir el hacinamiento", comentó Pérez.

La opinión de la defensoría