Los días más amargos de sus vidas han pasado los integrantes de la familia de Javier Riquelme Gutiérrez, el joven universitario de 23 años que, el pasado domingo 1 de junio, cayó accidentalmente al mar, en los roqueríos del sector de las loberas en Cochoa, mientras se encontraba junto a su polola.

El estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Valparaíso no logró nadar hasta la orilla y desapareció en el mar, sin que hasta hoy sus restos hayan podido ser rescatados. Su polola tuvo mayor suerte. Romina Rybbert logró mantenerse junto a Javier por algunos minutos, tomados de la mano, hasta que el mar se lo arrebató. Luego ella logró llegar co vida a la costa.

Han sido semanas de angustiante espera, de desconsuelo y disconformidad. Sus padres y hermanas, al igual que compañeros y ex compañeros de estudios de Javier, siguieron de cerca las labores de búsqueda que mantuvo en el sector la Armada, las que se vieron interrumpidas por el mal tiempo.

Hace unos diez días, la autoridad naval informó a la familia el término de los operativos de búsqueda, los que, a pesar de los medios desplegados, no tuvieron los resultados esperados.

Buzos mariscadores y voluntarios que brindaron su apoyo a la familia realizaron los últimos rastreos en el sector la semana pasada, pero el resultado fue siempre el mismo.

'Recorrieron la zona y no encontraron nada. Ellos dieron por terminada la faena porque no pudieron encontrar nada', precisa Alfonso Riquelme, padre del universitario.

En lo inmediato, la familia se encuentra iniciando los trámites para poder realizar la inscripción del fallecimiento de Javier en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

'Le di un poder a mi yerno, que es abogado, para poder hacer la inscripción. Tendremos que hacerlo por medio de los tribunales y probablemente desde los tribunales pidan un informe a la Armada', detalla Alfonso.

El deseo de la familia sería poder realizar una liturgia fúnebre para despedir a Javier; sin embargo, tal como lo precisa Alfonso, desde la misma parroquia les han explicado que mientras Javier permanezca desaparecido, no es posible hacerlo.

Para el padre del universitario, el dolor de la pérdida del menor de sus hijos vivirá para siempre con ellos, pero, tal como señala, la vida debe continuar. 'Yo estoy asumiendo que la vida es así y que tiene que continuar (...) Yo recién anoche viajé al sur para retomar mis negocios porque desde el 1 de junio que no venía (...) La vida tiene que continuar, no podemos quedarnos', añade Alfonso. J

l Por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte fue formalizado este martes Benjamín Montero, a quien la Fiscalía atribuye la responsabilidad de la muerte del joven universitario Roberto Timmermann, ocurrida el pasado 20 de abril en Maitencillo.

En una breve audiencia, que no superó los 20 minutos y que se desarrolló en el Tribunal de Garantía de Quintero, el imputado escuchó los cargos por los que es investigado por el Ministerio Público y quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y suspensión de su licencia de conducir por el periodo de 60 días decretados para las indagatorias de la causa.

Durante la audiencia, la defensa del joven -encabezada por el abogado Mario Vargas- estableció que no hubo dolo en el actuar de su representado, enfatizando que, al momento de los hechos, Montero nunca se percató del atropello, lo que explicaría su huida del lugar.

'Esto es un terrible accidente donde mi cliente tuvo participación, como lo ha reconocido y como declaró', agregó Vargas.

El joven imputado habría reconocido que la noche del accidente había bebido 'tres piscolas', por lo que se hizo una proyección de que, al momento del fatal atropello, Montero habría tenido 1,39 gramos de alcohol en la sangre.

Por su parte, el fiscal jefe de Viña del Mar, Pablo Avendaño, no descartó la posibilidad de un procedimiento abreviado, el que será discutido el próximo 26 de agosto ante el tribunal.

Respecto al marco penal por los hechos que se le imputan a Montero, el investigador detalló que el imputado arriesga una pena que va desde los 3 hasta los 5 años de cárcel, la cual en ningún caso podría ser cumplida de manera efectiva, ya que cuenta con atenuantes que lo benefician.

'El imputado declaró y entregó información que ha sido relevante para la investigación', aseveró Avendaño. J