Lo que vive La Ligua es una posición que en Viña del Mar, Valparaíso, Puchuncaví o Zapallar se vivió hace años: la construcción inmobiliaria enfrentada al ánimo de mantener un borde costero libre de intervención del hombre y donde los espacios naturales se transformen en un patrimonio para las generaciones futuras.

En esa comuna, las alarmas las instalaron grupos medioambientales que hace un tiempo hicieron pública la intención de algunos empresarios de instalar en las Dunas de Longotoma obras mineras que podrían acabar para siempre con el lugar y transformarlo en otro Puchuncaví, lleno de industrias, con constantes cuestionamientos medioambientales y un crecimiento que, en ese sentido, parece descontrolado.

Enfrentados a esa encrucijada, desde hace un tiempo la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional venía trabajando para establecer límites a los desarrollos inmobiliarios, la industrialización y la explotación de recursos y así salvaguardar los espacios naturales. Para ellos se trabajó en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Norte (PIV-SBCN), que modifica el uso del suelo de las comunas de Puchuncaví, Zapallar, Papudo y La Ligua.

En marzo del 2014, hubo un pronunciamiento a favor de este plan regulador (24 consejeros a favor y 4 abstenciones, incluyendo acá al core PC de La Ligua, Daniel Garrido), pero el municipio de La Ligua decidió impugnar, poniendo en riesgo un acuerdo que no sólo incluye a esta comuna, sino al resto del litoral norte de la región.

Manuel Millones, ex director de la Comisión de Ordenamiento Territorial y actual consejero regional, señala que la decisión de impugnar el plan intercomunal -que, mientras esta controversia no se resuelva, no puede entrar en vigencia-, conlleva riesgos para los intereses de proteger el borde costero de desarrollos inmobiliarios y explotación minera, que eran precisamente reguladas por el nuevo instrumento territorial.

'Mientras no se defina si se acogerá esta impugnación que realizó el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, cualquiera pudiera ingresar en el municipio proyectos de desarrollo inmobiliario o incluso minero, sin que luego -una vez que se resuelva la impugnación- podamos anularla', precisa Millones.

El riesgo de que esto ocurra existe y eso es lo que más preocupa a los ambientalistas, a quienes la acción presentada por el alcalde Sánchez sorprendió... pero no del todo.

Carolina Chávez, de la agrupación 'Longotoma defiende sus dunas', trabajó incluso codo a codo con el Core para lograr equiparar el desarrollo inmobiliario con la protección de la naturaleza, atendiendo a que nada puede ser extremo.

'Nos llama mucho la atención el interés inmobiliario que tiene el municipio, porque es un lugar que debiera protegerse y ser declarado también Santuario de la Naturaleza, algo que logramos con el Parque Puquén', dice Chávez, consignado que esa protección se sumará al Campo Dunar de Longotoma.

'Nosotros creemos que las dunas no deben ser intervenidas con ningún proyecto, sea cual sea. Nosotros no entendemos la posición del municipio, que impugna este plan regular; es imposible construir en el borde costero, lo dice el ministerio de Salud que hace un año tiene frenado el avance de obras porque no hay agua. Entonces pensar en aumentar la densidad de 12 a 180 habitantes por hectárea es una aberración. Nosotros queremos un desarrollo, pero respetando los espacios', concluye la ambientalista.

Sobre la amenaza de que se instalen faenas mineras en la duna, Chávez señala que la empresa está siendo investigada por no entregar la información real al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que hace que esta amenaza, para ellos, se mantenga intacta. Sobre todo mientras no entre en vigencia el plan regulador, que destina esa zona como área verde.

Además, consigna que se ingresó una petición para que las dunas sean decretadas zona de investigación minera, algo que también protegería el sitio.

En el gobierno regional cayó mal la decisión del alcalde PC de impugnar el acuerdo. Ayer, el presidente de la Comisión Ordenamiento Territorial, Percy Marín, y el ex presidente de la instancia, Manuel Millones, realizaron una presentación ante el contralor regional para que se tome razón de la aprobación del plan regulador intercomunal y se obvie la petición que hizo el alcalde Sánchez.

'Los cambios fueron fruto del aporte de organizaciones sociales y medioambientales, las cuales siempre mostraron preocupación por los vestigios arqueológicos en ese territorio y de la presencia del quisquito endémico de Los Molles y zona norte, entre otras especies de similares características. Asimismo, nuestra preocupación fue resguardar el campo dunar de Los Molles, tanto por su valor ambiental como por el interés de privados por explotar un yacimiento en el subsuelo y, por tanto, había una amenaza real sobre el territorio', dice el texto.

El escrito también da cuenta de las diferencias presentadas por el municipio y las opciones que se plantearon. 'Se le informó a la municipalidad en una sesión pública que los cambios por ellos propuestos no podían ser asumidos por este plan, por cuanto eran cambios de consideración, al ser todos referidos a aumentos de zonificaciones, aumentos de densidades y subdivisión predial y si se aceptaban sus propuestas, entonces se estaba ante cambios mayores y, por tanto, el instrumento era uno nuevo y debía ser reevaluado ambientalmente, lo que significa volver a iniciar el proceso; en cambio, la propuesta que se discutía era que, una vez que la Contraloría aprobara este plan , allí sería posible hacer ajustes parciales al instrumento, de modo de no afectar todo el desarrollo de una provincia por la disconformidad de un municipio, aún cuando la mayoría de los actores sociales respaldaba la iniciativa'.

Para Millones, el riesgo que temen los ambientalistas existe. 'Si el alcalde de La Ligua no congela los permisos de edificación, entonces el territorio queda amenazado por las inmobiliarias e industrias que, con los actuales uso de suelo, pueden emplazar sus proyectos y frente a esas acciones no hay nada que hacer, sino sólo lamentar la falta de compromiso con el medio ambiente y los vestigios arqueológicos emplazados a lo largo de la comuna y que, pudiendo haberse protegido, no se hizo por falta de voluntad política', señala el core UDI.

Millones agrega que, a propósito del cuidado del entorno, el Core aprobó fondos para levantar expedientes de santuarios en las zonas de valor ambiental en riesgo. 'Por estas razones es que no se comprende la postura municipal de frenar el plan y dejar expuesta la comuna al libre albedrío de las inmobiliarias e industrias y en especial la que presiona por intervenir la duna de Los Molles', señala Millones, agregando que el plan impugnado por el alcalde Rodrigo Sánchez plantea que el campo dunar queda protegido como área verde, mientras se trabaja en la declaratoria de Santuario de la Naturaleza.

En La Ligua, señalan que el uso del borde costero que se desea 'imponer' a través del nuevo plan regulador 'daña enormemente' el desarrollo turístico y social de los más de 25 kilómetros de costa que posee la comuna. Agregan que la impugnación busca 'subsanar los vicios que presenta el acuerdo y que tienen que ver con la inclusión de un plano que hacía referencia a lugares de interés antropológicos y arqueológicos de las Dunas de Longotoma, que no estaba contemplado en la memoria explicativa presentada a evaluación ambiental el año 2008 y que fue incorporado a última hora por el Minvu'.

Gastón López, abogado del municipio, señala que el documento presentado por dicho organismo gubernamental a la Comisión de Ordenamiento Territorial data del año 1996, con las carencias propias que un instrumento de este tipo puede presentar al no contar con un estudio más acabado como el que hoy se utiliza con el sistema geo referencial.

'El municipio está interesado que al sector de las Dunas de Longotoma se le reconozca como patrimonio antropológico y arqueológico. Queremos que se haga un estudio de impacto ambiental con la precisión de estos tiempos, para saber cuáles son los puntos que hay que proteger. El plano presentado debió haber sido objeto de evaluación ambiental, pues es un instrumento extemporáneo, pero lamentablemente no lo fue', dice el profesional, agregando que la comisión actuó fuera del marco legal porque no estaba dentro de sus atribuciones incorporarlo y mucho menos aprobarlo, sin un estudio previo de impacto ambiental.

Otro punto de conflicto fue la reducción de la densidad habitacional de 85 a 30 habitantes por hectárea que se planteó para Los Molles. Sobre esto, López califica esta decisión como 'un castigo, por decir lo menos', ya que en comunas vecinas, como Papudo y Zapallar, alcanza a las 280 personas por hectárea.

'Esta medida impedirá el desarrollo sustentable en el sector, como también de cualquier tipo de proyecto habitacional, ya sean éstos de carácter social o privado. Eso no quiere decir que tenemos en mente instaurar proyectos inmobiliarios en el futuro, ya que es una decisión de la empresa privada, pero no es razonable que el Gobierno Regional, decida sobre un tema que deben resolver los propios habitantes de La Ligua. Es una opción que nos está perjudicando como comunidad, ya que en los próximos 30 años, tiempo que estará vigente el plan regulador, La Ligua se estancará en este aspecto. Requerimos las mismas oportunidades de desarrollo que el resto de las comunas y balnearios que posee la región', explica el profesional. J