Ya se cumplen dos años desde que se hizo pública la polémica que sostienen el municipio de Quilpué y la vecina Ana María Ratto, luego de que ésta última cerrara el acceso al puente que es la única forma de ingreso al Zoológico de la Ciudad del Sol.

Así fue como la comunidad se enteró de una antigua disputa que sostienen entre ambos luego de que Ratto asegurara que es la dueña del viaducto heredado de su padre junto a los terrenos aledaños, en tanto que el municipio insiste en que el viaducto es un Bien Nacional de Uso Público.

Desde entonces han sido varios los dimes y diretes que se mantienen hasta el día de hoy y donde una vez más ambos dicen tener la razón.

Ana María Ratto ha insistido en innumerables ocasiones que el puente está deteriorado y en mal estado y teme que haya algún accidente que la pueda dejar a ella como única culpable al no hacerle una mantención adecuada; trabajos que, según asegura, debieran ser hechos por el municipio luego de un acuerdo que se llegó el año 1990 cuando se inauguró el Zoológico.

'Yo le dije: 'mira, Javier (Mondragón, alcalde de la época), yo te dejo pasar, pero a cambio tú me das el estacionamiento y cuatro kioscos para que yo los trabaje'. Hicimos el convenio, que además incluía poner un portón para cerrar de noche, un guardia a caballo, basureros, señaléticas y mantención del puente por lo menos una vez al año.De esto sólo se cumplió con regar el día domingo, los cercos de la orilla y nada más', señaló la mujer a La Estrella hace un tiempo.

Después de eso, Ana María Ratto ha intentando hacer nuevos convenios e incluso vender el puente, lo que no le ha resultado, el municipo ha impugnado su palabra con una serie de recursos donde aún no se sabe quién tiene la razón.

Hace un tiempo esta disputa llegó a la Contraloría Regional de la República donde en un dictamen de enero de 2012 se concluye que el camino de acceso al Zoológico de Quilpué es privado y no público y el puente también, dado que fue construido por un particular para acceder a un terreno privado.

Hace una semana, Ana María Ratto, se enteró que el municipio había interpuesto un recurso de protección en su contra en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el año 2012 , el que fue rechazado y en noviembre de ese mismo año, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones, rechazando el recurso de protección.

'Yo creo que todo lo que ha pasado va más allá de un abuso, es una persecusión en contra mía, todos creen que yo tengo algo en contra del alcalde y nada que ver, a mi me interesa el puente. Ahora con esta resolución, en la Corte de Apelaciones me dijeron que podía hacer lo que quisera, si quiero lo cierro y nadie me va a poder decir nada', dijo Ana María Ratto quien fue drástica en su última entrevista... 'o hacen convenio conmigo, o esto se acabó. O me lo arriendan, o me lo compran o lo cierro, punto'.

Pero el municipio de Quilpué instiste en que su justificación es la correcta, que todos los puentes son bienes nacionales y, por lo mismo, interpuso una querella de amparo en el 2° Juzgado de Letras de Quilpué en contra de Ana María Ratto.

En esa se señala que 'el artículo 26 del DFL 850 del ministerio de Obras Públicas establece una presunción legal en el sentido que todo camino que esté o que hubiere estado en uso del público en general, se presumirá 'público' en todo su ancho. De esta manera, es de conocimiento general que el puente ha estado detinado al uso público por más de 60 años y el camino por más de 12 años'.

Además se establece que los títulos de dominio de la vecina no están vigentes, por lo que carece de derechos que justifiquen sus interrupciones al puente; que 'se entiende' que el puente es la cotinuación de la calle General Cruz, por lo tanto, será la municipalidad la que tendrá la potestad de asegurar el buen estado y el libre uso de las vías que presten servicios a la comunidad, toda vez que el servicio público tiene preferencia sobre el interés particular.

Así es como se acogió la querella interpuesta por el municipio donde se condena a Ana María Ratto a pagar las costas del juicio. J