La historia es así: el arquitecto Patricio Herman, de la fundación Defendamos la Ciudad, mandó un correo a la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM) de Valparaíso advirtiendo sobre algo que él en ese momento sólo suponía: la nueva y exclusiva cafetería de la Cámara de Diputados no contaba con permiso de edificación, hecho que ameritaba su clausura.
Tal 'tincada' sería confirmada más tarde por la propia Dirección que corroboró que efectivamente no se había ingresado ninguna solicitud. Por lo mismo, ayer un inspector se acercó hasta el Congreso.
'Primero fue a verificar que las obras están efectuadas; segundo a infraccionar a quienes resulten responsables y luego a solicitar que no se ocupen las dependencias mientras no se regularicen los permisos', expicó Matías Valdés, director de la DOM.
Pese a esto, no fue clausurada y la información fue entregada al Juzgado que corresponde que podría determinar el pago de una multa, que a lo más bordearía los $200 mil.
El alcalde Jorge Castro también se refirió al tema dejando en evidencia algo más complejo todavía: hace 23 años que el Congreso funciona sin recepción de obras, tal como ocurre con muchos otros edificios públicos del país. Por lo tanto la municipalidad no tiene atribución para clausurar el polémico lugar.
Castro señaló que 'el Congreso Nacional (edificio), cuyo propietario es Bienes Nacionales, tiene la particularidad de no haber sido recepcionado nunca'. Asimismo explicó la cafetería no es la única ampliación con problemas y en el pasado ocurrió lo mismo con dependencias del Senado. 'Sólo podemos llegar a la etapa de la notificación, pero no se puede llegar a la etapa siguiente por no tener esa recepción'.
¿Por qué no se hizo nada en todo este tiempo? Castro explicó que se trata de una práctica generalizada a nivel nacional y que los afecta porque a los privados se les cobra por permisos de edificación, en cambio a los públicos no.
Al respecto, Patricio Herman advirtió que 'acá hay una falta gravísima, ni los alcaldes de Valparaíso ni los directores de obra cumplieron con su deber. Acá reina el desorden más absoluto. Todos los actores privados, todos los servicios de la administración del Estado, absolutamente todos, a excepción de las Fuerzas Armadas, cuando construyen deben tener los permisos de edificación y cuando se termina el certificado de recepción final'. J