l Polémica provocó un reportaje publicado por este medio sobre la movida gay al interior del ciber café "Open Mind", ubicado en calle Von Schroeders 27, de Viña del Mar. La crónica dio cuenta del testimonio de un usuario que frecuenta habitualmente el local, quien describió el funcionamiento del mismo.

El representnte legal del café, Antonio Reino Sánchez, afirmó que el negocio existe desde hace ocho años y que está enfocado principalmente en la atención de turistas chilenos y extranjeros "quienes nos distinguen con su preferencia cada vez que visitan la ciudad".

Agregó que los servicios consisten en acceso a internet en cabinas privadas y expendio de productos de cafetería y cervecería, amparados en las respectivas patentes municipales.

Aclaró que no es efectivo que los fines de semana permanezca abierto las 24 horas del día, "aunque ello no constituiría una ilegalidad observando las restricciones que impone la legislación".

Añadió que, como su nombre lo indica, "Open Mind" no discrimina a su clientela, pero sí se reserva el derecho de admisión y de expulsión del local para quien no cumpla con respetar y observar un comportamiento adecuado para los demás durante su permanencia en él.

Afirmó que el slogan "Tu lugar de encuentro" no alude a encuentros sexuales dentro de las cabinas del local, como afirmó el usuario que entregó su testimonio y que solicitó mantener la reserva de su identidad. Ante ello, Reino lamentó no haberse percatado de su actuar para haberlo expulsado del local. J

Como un triunfo ven los vecinos de Viña del Mar, el último dictamen de la Contraloría que viene a confirmar sus sospechas: el nuevo mall que se construye en 15 norte lo hace con permisos del año 2000 y que no respetan las nuevas normas de urbanización.

Fue el jueves de la semana pasada cuando se emitió el dictamen que en su parte central señala que "se ha estimado remitir los antecedentes a la Contraloría para que mediante la instrucción de un procedimiento disciplinario investigue las situaciones observadas en lo que concierne a la caducidad del permiso de la especie y determine las responsabilidades administrativas que pudieren concurrir".

Con este documento en mano, ayer el abogado, el arquitecto y representantes de la agrupación Defendamos la Ciudad se dirigieron a la seremi de Vivienda a exigir que se ordene la paralización y demolición de las obras que se ejecutan sin permisos.

los argumentos

"Hay un permiso del año 2000 cuando el plano regulador era más permisivo y cuando la Ordenanza General de Construcciones y Urbanismo que rige al país no restringía que los grandes edificios tenían que enfrentar grandes calles. Este edificio está rodeado de puras calles cortas, ninguna avenida. El año 2003, el director de Obras de la municipalidad, caduca este permiso, pero siete días antes de esa caducidad le habían hecho una modificación y el funcionario lo deja vigente. El actual director de Obras lo vuelve a caducar el 2011 y el ex seremi de Vivienda y ahora Secpla del municipio de Viña, Matías Avsolomovich, lo vuelve a revivir", señaló el arquitecto de la agrupación, Mauricio Zulueta.

trabajos paralizados

El profesional explica que para que un permiso se mantenga vigente, debe haber una demostración de ejecución de obras y que no permanenzcan paralizadas por más de tres años, pero habían pasado seis años y nunca hubo trabajos.

"Para el año 2000, Chile era otro país, no habían malls, no habían los autos que hay hoy. Desde el año 2002 que la ordenanza dice que un mall debe estar enfrentado a una vía troncal, eso fue mortal para este proyecto. Un mall ingresado antes del 2002, es grito y plata, por ejemplo, no era necesario un estudio de impacto vial, desde el 2002 en adelante tiene que reunir ciertos requisitos de emplazamiento y que son menos flexibles", señalaron los expertos y vecinos.

El actual seremi de Vivienda, Mauricio Candia, señaló que se generarán las coordinaciones con la Contraloría para analizar los alcances del acto administrativo del año 2011 que emitió el entonces seremi Avsolomovich y que será las dirección de Obras municipales quienes deberán adoptar las acciones asociadas a los trabajos. J