Meses, casi un año ya, han debido esperar los futuros beneficiarios del proyecto habitacional correspondiente a la Parcela 11 en Forestal Alto y hasta ahora no se vislumbra una solución clara. Menos aún cuando la que aparecía como una "luz al final del túnel" terminará en la Contraloría de la República, luego que autoridades locales cuestionaran la asignación directa por parte del Serviu de más de 2 mil millones de pesos al contratista responsable del proyecto.
Así lo manifestaron el consejero regional de la UDI, Manuel Millones y el concejal Carlos Bannen - ex jefe de la gabinete de la también ex directora del Serviu, María Francisca Cruz -al advertir que el Serviu estaría entregando, vía asignación directa para complementar el contrato original, más de 2 mil millones de pesos al mismo contratista que construyó las viviendas sociales en el cerro la Cruz en el proyecto habitacional Elbergh, y esta vez para terminar una obra emblemática del Serviu para viviendas sociales: la Parcela 11.
A juicio de las autoridades el acuerdo reflejado en un protocolo entre el director del Serviu y el contratista - Construcciones Benavente Ltda. - resultaría irregular y no se ajustaría a los procedimientos habituales.
Para el concejal Carlos Bannen la operación resulta confusa y se podría asimilar al caso Kodama, por lo que, en su opinión, es prioritario que se investiguen estos hechos.
"Este protocolo se nos hizo llegar tanto al concejal Carlos Bannen como al suscrito y por lo mismo estamos analizando las acciones a emprender para despejar si los actos se ajustan a derecho o no, aún cuando creemos que debe ser en primera instancia la entidad fiscalizadora de la Contraloría General de la República la que intervenga y determine la legalidad de lo obrado por las partes, incluida la participación de las diferentes autoridades del ministerio de la Vivienda, entre ellas la misma ministra y el subsecretario del ramo", acotó el consejero Manuel Millones.
COMPENSACIÓN
Un aspecto que cuestiona además el concejal Bannen dice relación con el pago de una compensación a la empresa tanto por la paralización de las obras como también por su desaceleración.
"Resulta curioso que el Serviu pague al contratista 650 millones de pesos para compensar la paralización y desaceleración de las obras, sin embargo la empresa tiene un plazo fijo por contrato, por cuanto éste fue a suma alzada y si no cumple se deben aplicar multas y aquí eso no ocurre, sino que se le premia , y además el Ministerio de Vivienda vía Serviu paga el remanente de 7.539 UF para obras extraordinarias y adicionales ya ejecutadas, lo cual es muy irregular y al respecto la contraloría ha emitido varios dictámenes", planteó Bannen.
"Los vecinos de la Parcela 11 lo han pasado mal y el sueño de la casa propia se ha visto frustrado por este tipo de imprevistos (…) Claramente el retraso y las deficiencias del proyecto tiene responsables, sin embargo nadie asume los costos que este conflicto tiene y las consecuencias de la inoperancia las pagan las familias, lo cual es muy injusto y por lo mismo hay clarificar que ha sucedido en esta obra", planteó Millones. J
