Casi tres años han pasado desde que el sargento primero de la Armada, Guillermo Arévalo Flores, de 44 años, falleció asesinado en las afueras de un bar de la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití, donde estaba destinado desde marzo de 2012.

Pero no fue hasta ayer que se conoció la decisión de un tribunal de ese país que condenó a la pena de cadena perpetua a dos, de las tres personas que se investigaban por el homicidio donde se le disparó a quemarropa en cuatro oportunidades al uniformado de villalemanino.

Romaín Nazaire y Peterson Pierre son los dos condenados que además de la pena máxima tendrán la posibilidad de acceder al régimen de trabajo forzado al interior del penal. Fabiola Maxi, la única mujer en la causa, fue absuelta de todos los cargos ya que no se logró establecer su participación en los hechos.

Leonel Arévalo, herma- no de la víctima señaló que la familia recibió con agrado la noticia porque judicialmente se hace justicia, aun- que aún luchan porque se establezcan las cir cunstancias en que ocurrieron los hechos.

'Como familia esto nos da, por una parte, cierta tranquilidad de que los hayan condenado. Nos parece justa la condena, era la pena ideal y un ejemplo de justicia que me alegro que haya sido así, pero por otra parte hay muchas cosas que aún están inconclusas dentro del caso porque aún no están claras las circunstancias que llevan a mi hermano a ese lugar', sostuvo Arévalo.

La familia espera que se esclarezca el rol que tuvo el cónsul en el momento y el carabinero que lo acompañaba al momento de la muerte. .

Según dijo el hermano del sargento, ese día Guillermo Arévalo y el carabinero Jorge Oyarzo ingresan al bar Barak y salen al cabo de pocos minutos.

'El carabinero sube al lado del conductor y Guillermo iba de copiloto, pero le disparan los seis tiros por la espalda. El carabinero huye del lugar y da aviso 48 horas después de ocurridos los hechos, ocultó información y con el registro de cámaras se vio su participación. Mi hermano estaba en el lugar equivocado en ese minuto', sostuvo. J

l Un nuevo conflicto se registró ayer en la mañana en el complejo penitenciario de Valparaíso, con la paralización de un grupo de gendarmes.

Patricio Proboste, dirigente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), explicó que los protagonistas del movimiento fueron integrantes de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), que son los encargados del traslado de los imputados desde el recinto penal hasta los tribunales, y los que deben velar por la seguridad de los mismos durante las audiencias en los juzgados de garantía y orales en lo penal. Reclaman que la dotación es insuficiente para cubrir las necesidades de la zona, ya que aparte de los juzgados cubren servicios en recintos asistenciales. A modo de ejemplo, solo hay seis funcionarios USEP para sacar del penal a unos 40 internos. Actualmente hay casi 70 funcionarios USEP en Valparaíso y están pidiendo otros 20, por eso a primera hora de la mañana se negaron a salir en los carros, y se mantuvieron en el interior del complejo. Según Proboste, desde Santiago llegó el coronel Tulio Arce, jefe del Departamento de Seguridad, y se comprometió a enviar más funcionarios de refuerzo desde la capital, así como a relevar de su cargo al capitán jefe de la USEP. 'Quedaremos atentos a que cumpla lo prometido', dijo Proboste.

De esta forma se puso fin al conflicto. La Defensoría Regional informó que en Valparaíso un juicio oral no se realizó por falta de traslado del imputado por parte de Gendarmería. Se reprogramó para hoy. En Quillota también se tuvo que suspender la audiencia de juicio oral, y en Viña del Mar los adultos no pudieron llegar al tribunal. J

l Bailando con la fea está una profesora de danza de Quilpué, que fue arrestada por narcotráfico.

Según el OS-7 de Carabineros de Valparaíso, hace un mes recibieron denuncias anónimas sobre la comercialización de droga en un domicilio de la población Valencia.

Fue así que en horas de la noche los policías allanaron la vivienda sospechosa. En el patio posterior descubrieron siete plantas de cannabis sativa de 2.50 metros de altura, listas para ser cosechadas, además de 12 kilos 160 gramos de la misma droga, la que según la unidad policial equivale a unas 78 mil dosis, avaluadas en $117 millones. Se recuperó además una balanza digital, y 240 mil pesos en efectivo de las ventas del negocio ilícito.

En el sitio de la diligencia la policía uniformada arrestó a las mujeres M.C.G., de 65 años y M.A.C.J., de 39. Esta última una conocida profesora de danza de la comuna. Ninguna registra antecedentes policiales. Por instrucción del fiscal de turno, ambas fueron enviadas al tribunal de garantía para ser formalizadas por infracción a la ley 20.000, mientras que el decomiso fue derivado al Servicio de Salud para su análisis y posterior destrucción. J