Fue un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) quien se dio cuenta que algo raro pasaba. Todos los meses, las cuentas de la luz y agua del edificio Esmeralda -que alberga a la intendencia y a otras entidades públicas, incluido el SII- estaban con retrasos, algo que no tendría porqué ocurrir, si todos los "vecinos" del inmueble pagaban cuando correspondía.

Tras eso se inició un proceso de revisión de los gastos comunes que cobraba el administrador del inmueble, Drago Marín Contreras, a través del cual se pudo constatar que había incurrido en delitos tributarios y apropiación indebida por alrededor de $140 millones.

Lo anterior quedó al descubierto el segundo semestre del 2014 y en enero de este año, el consejo de administración del edificio le caducó el contrato a la empresa EIRL de Drago Marín, en fuciones desde el 2008, mientras que el gobernador de Valparaíso, Omar Jara, lo denunció en Fiscalía. Además el SII presentó una querella, al igual que el Consejo de Defensa del Estado.

formalización

Tras la investigación realizada por la Unidad Regional Anti Corrupción (URAC) del ministerio Público, finalmente ayer se formalizó a Drago Marín por delitos tributarios y distracción de fondos públicos. Por estos hechos, que según la Fiscalía fueron reiterativos, arriesga una pena efectiva de 5 años y un día (no tiene derecho a pena sustitutiva).

El fiscal de la URAC, Claudio Rebeco, señaló que Marín "omitió declaraciones del IVA desde el 2011 en adelante y subdeclaró impuesto durante el 2012. Adicionalmente el imputado desvió fondos por conceptos de gastos comunes que mes a mes pagaban los servicios públicos (que funcionan en el edificio) y no sabemos dónde fueron a parar esos dineros, esa es una línea investigativa que está abierta".

Por concepto de gastos comunes y fondo de reserva -donde se constató no hay nada de dinero- faltan $70 millones, a los que se debe sumar lo evadido por impuestos, por lo que se estima que el desfalco alcanzaría los $140 millones.

Durante la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el fiscal Rebeco describió el modus operandi de Marín. El administrador recibía los dineros de los gastos comunes con los que debía pagar los servicios básicos y a proveedores. Además de los sueldos de funcionarios (guardias, ascensoristas, entre otros). Sin embargo esos dineros eran desviados a través de la emisión de cheques personales y otras maniobras.

Además, Marín, confeccionaba facturas falsas en formato PDF, las que posteriormente presentaba a los servicios para justificar gastos. Sin embargo abultó una importante deuda a proveedores, al servicio de mantención de ascensores y a sus trabajadores, a quienes no les pagó las cotizaciones previsionales. Las declaraba, pero no traspasaba los dineros. Por esto último hay, además, tres demandas laborales en curso.

"Lo que llama la atención en este caso es la audacia delictiva del imputado que finalmente termina defraudando a servicios que son organismos de control. Funciona en el edificio de la Intendencia el SII y por un tiempo la Contraloría", destacó Rebeco.

Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Javier Rojas Mery, explicó que dicho servicio se involucró en este caso luego que los trabajadores de Marín demandaran al fisco por el no pago de sus cotizaciones previsionales. "Y eso ha sido considerado como un factor determinante para los efectos de querellarse. El imputado no sólo se apropió de los dineros correspondientes a cotizaciones previsionales, sino que de otros ítems como el pago de servicios básicos de la intendencia".

Según explicó Daniel Gómez García, jefe del departamento jurídico del SII de Valparaíso. "Acá hay dos delitos tributarios uno es la subdeclaración de impuestos, es decir cobraba $8 millones y fracción por el servicio de provisión de personal, $2 millones y fracción por el servicio de aseo y mantención, por ambos emitía facturas, las cuales no declaraba en su Formulario 29. Eso se produce el 2012. Y en los años comerciales del 2012, 2013 y 2014, no presentó declaraciones".

Finalmente el Tribunal lo dejó con arresto domiciliario total y decretó 120 días de investigación. J