El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch), que agrupa a los 25 planteles tradicionales del país, le entregó ayer una propuesta con siete ejes al Ministerio de Educación para fijar la anunciada reforma al sector, incluida la gratuidad del sistema.

Su vicepresidente ejecutivo, Aldo Valle, dijo que para una educación gratuita universal antes se deben crear políticas que fiscalicen y pongan condiciones como la rendición de cuentas, transparencia total, estándares de calidad y una revisión eficaz del lucro.

"Cuando no se puede distinguir con claridad entre la inmobiliaria y la corporación universitaria, me parece a mí que el Estado está impedido moralmente de transferir recursos", dijo el rector de la U. de Valparaíso.

El Mineduc anunció que la gratuidad partirá el 2016 para el 60% de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Cruch, lo que financiará a través de la ley de presupuestos mientras tramita una ley que reforme el sector y defina un marco y gradualidad.

El Consorcio de Universidades Privadas (CUP) solicitó esta semana al Gobierno que lo extienda para todo tipo de instituciones, partiendo por el 40% más vulnerable.

Valle dijo que es "irresponsable ampliarlo si no se establecen condiciones".

Hoy el 26,3% de las instituciones de educación superior pertenecen al Cruch y un 29,5% son privadas al margen de este organismo. Además, un 10,4% de los establecimientos no tienen ninguna de sus carreras acreditadas, según el Consejo Nacional de Educación (CNED).

Valle criticó que la acreditación fuese optativa. "El Estado debe exigir una cierta calidad de educación", dijo.

La ministra Adriana Delpiano valoró las propuestas del Cruch, a las que destacó como las que "tienen una historia de compromiso con el desarrollo del país" y que " se han ganado, a lo largo de los años, el respeto de la sociedad".

La autoridad aseguró que el proyecto de ley de reforma propondrá un nuevo sistema de acreditación. "Es tarea del Estado garantizar y ser garante de esta calidad", añadió. J