Priscilla Barrera Ll.
Isidora Cartagena Peña tiene 5 años y desde el año 2014 asiste a la Escuela Especial y Jardín Infantil "Nubeluz" en Forestal. Hace un año se le diagnosticó diabetes del tipo mellitus 1 lo que obligó a cambiar sus rutinas pero, por recomendación médica, retomar su vida lo más normalmente posible.
Por eso sus padres inmediatamente que la niña estuvo en condiciones de volver al jardín - tres meses después de que le diagnosticaron diabetes - volvieron al establecimiento pidiendo la reincorporación de su hija.
Sin embargo, Isidora requería de un trato distinto dada su condición médica: cambiaron sus colaciones por unas que no contuvieran carbohidratos. Pero el año 2015 su condición cambió. La pequeña volvió al jardín con una bomba infusora de insulina.
"Yo le pregunté a la tía de sala si ella estaba dispuesta a manipularla y la tía me dijo que si ella aprendía no tenía ningún problema. Entre mi mamá y yo le enseñamos y ya a mitad de año ella hacía sola el procedimiento", recordó Joyce.
Pero este año las condiciones cambiaron. Si bien, según relata Joyce, la tía continuó manipulando la bomba infusora de insulina bajo su supervisión durante los primeros 4 días, luego que ella retomó sus actividades de laborales, me informaron que la sostenedora del establecimiento había dispuesto que las tías no podrían continuar realizando este procedimiento.
"El argumento fue que no se le podía suministrar ningún tipo de medicamento a los niños sin autorización de los padres (...) Se lo dijeron a mi mamá, no siguieron ningún protocolo, no fue una comunicación formal", declaró Joyce quien asegura que entregó como alternativa en el jardín la posibilidad de entregar un documento notarial donde ella autorizaba la administración de insulina en el jardín situación que habría sido rechazada.
A raíz de lo anterior, Joyce recurrió a la Superintendencia de Educación, misma instancia a la que recurrió la sostenedora del establecimiento para recibir información respecto de los protocolos a seguir en este tipo de casos. "Para mí esto es una discriminación porque ella no me quiere ayudar, y lo que yo pido es una pequeña ayuda", precisó Joyce.
Superintendencia
Pablo Mecklenburg, superintendente de Educación en la región de Valparaíso precisó que en este caso surge una dificultad para los padres de una menor con diabetes, pero no porque exista una prohibición o impedimento generado por el establecimiento aludido, sino más bien una dificultad práctica para brindarle el tratamiento a la menor.
"Se trata de una situación nueva porque hasta el año pasado estaba resuelta pues la abuela de la niña concurría a hacerle el tratamiento. Hemos entendido que esta es la típica situación en la cual como Superintendencia tenemos que utilizar la herramienta de la mediación para encontrar una figura que permita resguardar el bien superior que es el cuidado de la salud y de la integridad física y sicológica de la niña", precisó el superintendente, quien manifestó que existe voluntad entre las partes para acudir a la mediación.
