El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, salió al paso de las declaraciones del Mandatario boliviano, Evo Morales, quien aseguró tener argumentos para demandar a Chile en tribunales internacionales por el uso de las aguas del río Silala.

Al respecto, Muñoz mostró por primera vez un mapa contenido en el Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, en el que se especifica que el Silala es un afluente internacional.

Dicho documento refutaría la postura de Morales, quien calificó de "ilegal y abusivo" el uso de las aguas por parte de Chile.

"Este mapa es decidor y es un antecedente muy importante para nosotros, porque Chile siempre ha defendido la integridad del Tratado de 1904 que fijó las fronteras de manera definitiva entre ambos países", afirmó Heraldo Muñoz.

Además, el jefe de la diplomacia nacional aseguró que la posición de Evo Morales es un "voladero de luces, una utilización política de un tema en el contexto que conocemos en Bolivia (...) Es importante que se cuide de este estudio que han dicho que van a elaborar sobre la posibilidad de recurrir a una instancia internacional, porque si eso llegase a ocurrir, Chile podrá contrademandar a Bolivia". Ante esta controversia el canciller recordó que en 2009, Chile y Bolivia analizaron el tema y llegaron a un acuerdo sobre el uso de estas aguas compartidas, el cual estuvo cerca de firmarse, pero "a última hora los bolivianos se retiraron y no cumplieron con lo que había sido acordado".

"'Hereje' viene del griego hairesis, que significa 'elección', 'facción', 'separación'", explican en la Fundación Sociedad Atea de Chile. Y precisamente una elección -y separación de la mayoría católica que vive en Chile- es lo que hicieron el quinto año consecutivo, durante Viernes Santo, con su ya tradicional "Asado Hereje", como evento simbólico para exigir en Chile un Estado verdaderamente laico. Este 2016, el tema principal es que en Chile, los colegios públicos no estén obligados a impartir clases de religión, tal como sucede actualmente con el Decreto Supremo Nº 924 de Educación, vigente desde el 12 de septiembre de 1983. "No queremos prohibir las clases de religión ni eliminar el acceso a la religión", aclara el vocero de fundación, Pedro Stein. "Lo que esperamos es que se derogue el Decreto 924, porque no se condice con la figura de un Estado laico".