Fabián San Martín D.

La ley antidiscriminación 20.609, más conocida como Ley Zamudio, fue aplicada ayer por la justicia porteña en un caso de amenazas de muerte a un trabajador gay.

El suceso aconteció la tarde del jueves en la peluquería "Mala Fémina" de calle Independencia. Felipe Olguín es uno de sus empleados, y relató que cuando ingresó a su turno se percató que una compañera atendía a una clienta. Al principio no la reconoció, y cuando almorzaba comenzó a mirarla detenidamente hasta que reconoció de quien se trataba. "A ella la ubicó y es una persona acostumbrada a estafar a la gente, en especial a las peluquerías. Cuando le terminan un trabajo para no cancelar se excusa en que se le extravió o le robaron la billetera y la cartera. Ese es su modus operandi, porque a otras colegas les había pasado esa situación".

Felipe señala que la mujer nuevamente quería irse sin pagar por el servicio de belleza, así que decidió encararla por su reprochable actitud. Allí vino la encolerizada reacción de la clienta, que lo menoscabó por su condición sexual. "Se le salió todo el odio y me trató de maricón, de maraco...que me pillaran los nazis para que me mataran o que ella me iba a asesinar", manifiesta. Testigos del incidente fueron otras consumidoras, la dueña y personal de la peluquería. Se alertó del conflicto a un motorista de Carabineros. Cuando el funcionario policial entró la clienta acusó ser víctima de robo de dinero y cheques, pero reiteró en presencia del uniformado las frases homofóbicas e intimidatorias contra el peluquero, por lo que el efectivo le comunicó de inmediato que estaba detenida por la Ley Zamudio. "Yo no la conocía y ese día nos amenazó a todos. Nadie puede denostar, discriminar ni amenazar de muerte a nadie", sostuvo Patricia Escobar, dueña de "Mala Fémina".

Amenazas

La imputada fue identificada como C.C.M.G., de 32 años, quien fue formalizada por la fiscal Marcia Rivas por amenazas de muerte en el contexto de la ley 20.609. Se accedió a la suspensión condicional del procedimiento, donde la inculpada tras fijar un domicilio quedó libre, pero tiene prohibición de acercarse a la víctima en la calle y a su lugar de trabajo durante un año, lapso en que no podrá tener nuevos líos con la justicia, de lo contrario la causa se reactivará. Claro que en los próximos días debe ir nuevamente al mismo tribunal, por otro delito cometido.

Felipe Olguín teme que la imputada no cumpla con lo estipulado por el juez Eduardo Saldivia, y concrete sus amenazas en la vía pública o su fuente laboral. No está tranquilo y buscará apoyo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para entablar una acción civil. "Primera vez que me ocurre una situación así, y nunca pensé que la ley fuera tan efectiva. Se nota que ella es una persona homofóbica. Su cara revelaba un odio hacia mí", remarcó.