Priscilla Barrera Ll.
María José Ramos es una de las pocas víctimas del denominado caso "estafas" o de los conocidos como departamentos truchos que está presente en la audiencia fijada en el tribunal de garantía de Viña del Mar, pero que finalmente se reprogramó para fines de agosto.
El rostro de frustración de María José es evidente. Se acerca a su abogado para intentar entender qué fue lo que pasó. La joven es una de las 60 víctimas de la organización que lideraba el ex funcionario del municipio de Viña, Sebastián Rojas Salas, quien junto a otros funcionarios e incluso una trabajadora de una notaría, ofrecía a tentadores precios e incluso subsidios, departamentos que finalmente nunca entregaba, quedándose con el dinero de sus víctimas. Se estima que los montos defraudados podrían llegar a los 800 millones de pesos.
Rafael Almarza, abogado querellante en esta causa en representación de su colega Carlos Carvallo, explicó que la audiencia de preparación de juicio oral originalmente programada para este miércoles debiera concretarse a fines de agosto, dado que existirían algunas diligencias pendientes y que se encuentran dentro del plazo aún vigente luego que en junio pasado se reabriera esta causa cerrándose recién el lunes 1 de agosto.
"Nos preguntamos cada día hacia dónde vamos. La verdad es que ha sido muy lento, se ha demorado muchísimo todo. Pero yo sigo insistiendo en recuperar mi dinero, no me voy a dar por vencida y seguiré viniendo. Ojalá llegar al fondo de esto y llegar a las personas que están involucradas en esto y que aún no son imputadas", declaró María José quien entregó los ahorros de toda su vida - 19 millones de pesos - para cumplir su sueño de tener su casa propia.
Cuatro imputados
Fue el 16 de mayo de 2015 que Sebastián Andrés Rojas Salas fue formalizado en una primera instancia por el delito de estafas reiteradas en contra de 4 víctimas a las que ofreció la venta de departamentos y la tramitación de subsidios habitacionales que nunca se concretaron.
El mismo imputado, que desde el 16 de mayo permanece recluido en la Cárcel de Quillota, fue reformalizado por otros 35 casos de estafas acreditados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, estimándose que los montos defraudados fácilmente podrían ascender a los 800 millones de pesos.
Los otros 3 coimputados en este caso son la ex funcionaria municipal Polonia Elizabeth Contreras Gacitúa, Patricio Gonzalo Medina Valderrama y Benigna del Rosario Castro Tapia.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional ha abierto tres aristas investigativas en este caso: venta de departamentos y supuestos subsidios; fraude al fisco frustrado y estafas por simulación de créditos, que involucraría a empresas que fueron captadas por Rojas Salas en su calidad de funcionario municipal y cuyas facturas fueron factorizadas.