Libres imputados de incendio del 21 en que murió guardia
Juez consideró insuficientes pruebas de la Fiscalía. Acusando un montaje, salieron del tribunal en medio de incidentes.
En una maratónica y tensa audiencia, que terminó con agresiones a la prensa, la justicia determinó ayer la libertad para los cinco imputados de ser los responsables del incendio que el pasado 21 de mayo, ocasionó la muerte del guardia municipal Eduardo Lara.
Cabe recordar que el miércoles la Fiscalía en conjunto con el OS-9 de Carabineros, detuvieron en Valparaíso y la IV Región, a cinco imputados del suceso que conmocionó a la ciudad patrimonial y el país.
Ayer comparecieron al tribunal de garantía Miguel Ángel Varela, de La Serena; Constanza Gutiérrez Salinas, de Viña del Mar; Rodrigo Araya Villalobos, de Tierras Blancas; Felipe Ríos Henríquez y Hugo Barraza Araya, ambos domiciliados en el Primer Sector de Playa Ancha.
En medio de gran expectación periodística, y ante la evidente molestia de familiares y amigos de los detenidos por la presencia de la prensa, el control de detención comenzó pasadas las 14.30 horas en la sala 7 del juzgado.
Por unas tres horas se extendió la formalización de cargos del fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, quien relató que la mañana del 21 de mayo, los imputados participaron de la marcha convocada por distintas organizaciones sociales en avenida Pedro Montt. Señaló que primero acudieron hasta las oficinas de la empresa de telefonía Entel, las que atacaron con herramientas como martillos y combos para abrir las cortinas metálicas, y luego sustrajeron desde el interior cuatro equipos computacionales, tres impresoras, cuatro cámaras de seguridad y cinco sillas, los que sumado a los daños, las pérdidas estimadas fueron de 15 millones de pesos. A continuación el concertado grupo desembarcó en la farmacia Ahumada, la que también abrieron con objetos contundentes. Mientras que uno de los imputados arrojó una bomba molotov al interior, otros dos vertieron un acelerante que portaban en una bolsa azul, generando el incendio que se extendió por el inmueble de tres pisos, afectando a la farmacia -que resultó destruida con daños por $200 millones- y la secretaría municipal, lugar donde se encontraba el guardia Eduardo Lara. Fue rescatado por bomberos pero falleció a las 12.11 minutos en el Van Buren. El fiscal se refirió al resultado de la autopsia practicada a la víctima, donde se indica que su cuerpo presentaba un 54% de monóxido de carbono en la sangre, y que la causa del deceso fue una "intoxicación aguda por monóxido de carbono y una hipoxia anémica". Cristián Andrade formalizó al grupo por incendio con resultado de muerte, robo en lugar no habitado ( sólo a cuatro) y porte ilegal de artefacto incendiario a Miguel Ángel Varela, a quien le incautaron en su hogar de la Cuarta Región botellas con gasolina, que se presume serían para artefactos incendiarios. A Varela también se le sindicó ser el responsable de lanzar la molotov a la farmacia.
Imágenes
Para sustentar sus cargos, el fiscal exhibió videos de canales de TV y de testigos, donde se observan los ataques a los locales comerciales y el comienzo del fuego, además de una cámara de seguridad del exterior de la galería Tres Palacios, donde se observa la huida de los imputados. Además fotografías recopiladas por la PDI y Carabineros de los incidentes, en los que por sus características físicas y de vestimenta, situaban a los imputados en el lugar y su participación en cada evento. El abogado arguyó que en los allanamientos a las residencias de los sospechosos, les encontraron prendas de vestir y calzado "similares" a las que se observan en las imágenes. Un peritaje telefónico coloca a uno de ellos en el plan durante la fatal manifestación. Asimismo una revisión exhaustiva del OS-9 a las redes sociales, específicamente a Facebook, se aprecia que los imputados aparecen con vestimentas y calzados parecidos a los usados durante los incidentes del 21 de mayo. Otra evidencia expuesta por el Ministerio Público da cuenta de la amistad de los imputados en redes sociales, y tras seguimientos realizados el último tiempo, se constató que reunieron en la Cuarta Región y otros puntos del país. Hay escuchas telefónicas donde se alertan entre ellos de los arrestos que efectuó la policía uniformada. El fiscal Andrade admitió que si bien no hay testigos directos de su participación delictual, las imágenes "hablan más que mil palabras" y demuestran su responsabilidad. Atendida la gravedad del delito, y a que actuaron como grupo o pandilla, el fiscal los consideró un peligro para la sociedad y pidió la prisión preventiva, medida que también apoyaron los abogados querellantes del municipio y la intendencia. Dispar opinión tuvo el defensor Franco Lemos, que alegó no habían antecedentes suficientes para acreditar la existencia del delito, que los argumentos de la Fiscalía eran débiles y no probaban la autoría de sus clientes en los hechos. Que hubo otros sospechosos que no fueron considerados en la investigación. "Se presentaron imágenes difusas y borrosas que en ningún caso permiten privar de libertad a un imputado en este país", recalcó Lemos.
Cautelares
El magistrado Juan Carlos Maggiolo concordó con la postura de la defensa en orden a que la medida cautelar de reclusión era muy desmesurada, considerando que eran insuficientes y no concluyentes las evidencias de la Fiscalía para incriminarlos. El juez tampoco aceptó las cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de los imputados acudir a nuevas marchas, por lo que se determinó la firma mensual en la Fiscalía- en las regiones IV y V- y el arraigo nacional durante los seis meses de plazo de la investigación. Los jóvenes y sus familiares no ocultaron su alegría al conocer la noticia, incluso Constanza Gutiérrez, que se mostró sonriente durante toda la audiencia, terminó llorando. La salida del tribunal fue caótica, con amigos y compañeros de los liberados agrediendo de manera verbal y física a la prensa, lanzando agua y objetos contundentes. Gendarmería y Carabineros controlaron la situación.
La familia lara
Luis Lara, hijo del fallecido guardia municipal, dijo no estar decepcionado por la resolución y se mostró conforme con la investigación. "Era esperable. Es una detención previa y hay que corroborar antecedentes para una privación de libertad. La gente que celebra ganó una batalla pero no la guerra", recalcó convencido que los imputados son los responsables del mortal incendio, y que aún faltan otros involucrados en la causa. De todo modos interpondrá una querella contra los responsables.
El fiscal Cristián Andrade explicó que por la figura legal de incendio con resultado de muerte, no era posible apelar de inmediato de manera verbal a la resolución, y que los imputados siguieran detenidos hasta que la Corte analizara hoy el caso. "Es la parte inicial del proceso y esperábamos algo distinto. Es un proceso difícil porque no hay testigos que incriminen, sino que las policías han establecido semejanzas, coincidencia e indicios de la participación de los imputados. Seguiremos trabajando en ello y lo que interesa es el resultado final del juicio". Al cierre de esta edición, el intendente Gabriel Aldoney evidenció su frustración por la decisión judicial y anunció que el gobierno regional apelará para revertir la medida.