Durante la mañana del martes, el diputado por el distrito de Temuco y Padre de las Casas, René Saffirio, presentó formalmente una acusación constitucional en contra de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Apoyado por otros 11 congresistas (tres independientes y ocho miembros de Chile Vamos), Saffirio, quien en mayo de este año renunció a su militancia en la Democracia Cristiana, basó su solicitud en las graves denuncias que han rodeado al Servicio Nacional de Menores (Sename).

El diputado declaró que la acusación está sustentada en tres ejes, siendo el principal el supuesto incumplimiento en supervisar los servicios bajo su dependencia.

Los cinco diputados elegidos para pronunciarse respecto de la procedencia del libelo son Issa Kort (UDI), Karol Cariola (PC), Iván FLores (DC), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Leonardo Soto (PS). De aprobarse, la acusación pasará a la Cámara de Diputados, quienes podrían inhabilitar a la Ministra temporalmente. Cabe recordar que si el Congreso aprueba la acusación, Blanco deberá renunciar y no podrá ejercer en cargos públicos por 5 años.

Luego de que se destapara que el Grupo Laureate -uno de los mayores controladores del negocio de la educación superior en Chile- tiene intenciones de cotizar sus acciones en la bolsa de valores estadounidense, las reacciones en Chile no se hicieron esperar. Y es que el gesto aclara que las intenciones del grupo que actualmente controla las universidades Andrés Bello, Las Américas, Viña del Mar, el Instituto Profesional AIEP, la Escuela de Negocios IEDE y la Escuela Moderna de Música, son las de obtener una ganancia de sus inversiones; es decir, lucrar.

"Son empresarios que están inviertiendo un cantidad de recursos muy grandes en el país, por lo tanto por alguna parte están sacando lucro", aseguró Delpiano, quien no descartó la posibilidad de cursar una nueva investigación al Grupo Laureate, cuyos estudiantes han denuniado por años este problema en su plantel . La ministra recordó que la ley prohíbe lucrar en la educación superior "y por lo tanto, la mayor dureza de lo que se está planteando en la reforma educacionallos afectará".

Redacción - La Estrella de Valparaíso

Hasta la fiscalía regional de Valparaíso llegó el senador Francisco Chahuán y el presidente de la Junta de Vecinos de Bosques de Montemar, Cristián Carvajal, para aportar antecedentes y solicitar la designación de un fiscal preferente que se haga cargo de las al menos 12 estafas telefónicas consumadas en ese sector de Concón en las últimas semanas, que estaría siendo víctima de una banda delictual con amplios conocimientos de informática y un elevado acceso a información personal.

Carvajal explicó que optaron por la acción porque las propias policías les habrían confirmado "que se trata de una banda que opera a nivel nacional y tiene un modus operandi bien definido, con amplios conocimientos de informática y acceso a muchas bases de datos, lo que es preocupante, razón por la cual hemos querido sumar antecedentes para ayudar en la investigación y lograr su detención."

El presidente de la JJ.VV. de ese sector de la comuna de Concón explicó que hacen "llamados telefónicos calle por calle, verdaderos barridos, entre las 12 de la noche y las 3 AM; dicen que tienen a un hijo secuestrado y que le van a cortar un dedo o simulan choques de parientes, y piden depósitos para el rescate o el pago de grúas". El dirigente dijo que "a esa hora las personas están descansando y los sorprenden desprevenidos, lo que los hace caer y depositan".

Nuevos casos

A 8 denuncias ya realizadas, el senador y Carvajal sumaron cuatro nuevos casos en nombre de la Junta de vecinos de Bosques de Montemar, que se ajustan al modus operandi descrito y cuyas víctimas han depositado montos de entre 3 y 5 millones. No obstante, se estima que son muchas las que no se han llevado a cabo por temor o vergüenza.

El senador Chahuán explicó que "tal como lo hicimos para abordar el tema de los turbazos, hemos pedido que se designe un fiscal preferente o exclusivo y, junto con una serie de grabaciones y testimonios, creemos que al haber pagos y transferencias es posible seguir la ruta del dinero entregado y depositado."

El parlamentario aprovechó la ocasión para reiterar la solicitud a los Ministerios de Justicia y Transporte y Telecomunicaciones en orden a "dictar un reglamento para que se inhiban las señales de telefonía celular al interior de todos los penales del país, porque existen sospechas fundadas de que estos delitos se están cometiendo desde las cárceles".

Asimismo, dijo que junto a los vecinos iniciaron una campaña de difusión de medidas de prevención, visitando casa por casa para advertir y no dejarse timar.