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Denuncia suspensión de terapia contra el cáncer

Ingard Bravo acusa negligencia en la Fundación Arturo López Pérez. Presentó recurso de protección.
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Priscilla Barrera Llanos

En enero de 2015 la vida de Ingard Bravo de 29 años y su esposo Raúl Quintanilla de 28 dio un vuelco de 180°. Recién casados y con una pequeña hijita, a Raúl le diagnosticaban linfoma de Hodking, un cáncer agresivo que en poco tiempo progresó dejándolo en menos de un año postrado en una silla de rueda.

Pese a someterse a quimioterapias, Raúl no experimentaba mejoría por lo que debió optar a las llamadas terapias de rescate, que no se encuentran cubiertas por el GES (Garantías Explícitas de Salud) y que son además de altísimo costo.

"A él lo habían desahuciado, pero no estábamos dispuestos a bajar los brazos y darnos por vencidos. Buscamos nuevas alternativas y llegamos a la Fundación Arturo López Pérez (FALP) donde nos propusieron iniciar un tratamiento llamado inmunoterapia con la droga Brentuximab", relató Ingard Bravo.

Pese al alto costo - aproximadamente 12 de millones de pesos mensuales - Ingard y su esposo decidieron someterse al caro tratamiento.

"Estábamos desesperados. Iniciamos el proceso de importación de la droga, a través de la Fundación, abonando 8 millones 500 mil pesos, para que pudiera iniciar el proceso de compra e importación", recordó Ingard.

Sin embargo y a pesar de tener todas las esperanzas puestas en el tratamiento por el que debieron esperar 3 semanas y gastar lo que no tenían, el 24 de junio del año en curso, día de la suministración de la droga, ocurre algo espantoso.

Accidente

"Ese día ocurre un procedimiento erróneo por parte de la enfermera y la técnico en enfermería. La droga que debían administrarle a mi esposo se cae en la camilla y en el quimono del paciente sin que ellas lo evidenciaran", detalló Ingard.

Tras advertir lo ocurrido y sin recibir explicación alguna, según denuncia, las encargadas cambiaron a su esposo, se llevaron las sábanas mojadas. "Pasaron casi dos horas y nosotros sumidos en total incertidumbre. No sabíamos que había pasado, si había sido suero lo que se derramó o la droga, porque por esa droga habíamos esperado 3 semanas porque se importa de Europa", precisó la joven.

Tras esas eternas dos horas, fue el médico tratante de Raúl quien les confirmó que, inexplicablemente, el fármaco se había perdido.

"El doctor dice que debe llevarse a cabo un plan B. Prepararon una droga en la misma fundación y logran estabilizarlo. En ese momento aceptamos porque la condición de Raúl era crítica", añadió Ingard.

A pesar de que la Fundación se comprometió a reponer la droga que se había perdido a su costo, Ingard se reservó su derecho y junto con presentar su reclamo a la fundación por lo ocurrido, denunció el caso ante la Superintendencia de Salud.

"Yo hice el reclamo y por todo lo que implicó el despilfarro del fármaco y la espera que tendríamos por 3 nuevas semanas presentamos una denuncia ante la Superintendencia de Salud por la vulneración a los derechos del paciente. En esa instancia solicitamos una mediación porque estamos pidiendo una indemnización económica", precisó Ingard.

Si bien la droga fue repuesta por la Fundación en julio, Ingard detalló que no sólo se retrasó el tratamiento por el cual ellos ya habían abonado 8 millones y medio, sino la incertidumbre de lo que podía ocurrir con Raúl durante la espera.

Ingard fue contactada por FALP informándole que para esta jornada está agendado el suministro de la droga para Raúl.

"Ellos (la fundación) me citaron el 6 de octubre pero yo no pude asistir por temas laborales (...)", agregó Ingard quien puntualizó sólo ese día pudo hablar con la encargada de atención al paciente me informa que por encontrarnos en proceso de mediación se suspende todo tipo de proceso, incluyendo el tratamiento.

A raíz de esto, el mismo viernes 14 Ingard presentó un recurso de protección en favor de su esposo por el derecho a atención y el derecho a la vida.