Carla Olivares Rojas

"Combos iban, combos venían", decían el Flaco y el Indio en su recordado paso por el Festival de Viña. Así mismo están el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres y el gobernador de Marga Marga, Christián Cárdenas quienes han generado una tensa pelea por los medios de comunicación, todo a causa de una instalación de una feria productiva en el centro de la Ciudad del Sol.

Todo comenzó el miércoles cuando se instaló dicha feria en calle Andrés Bello que ocupaba una pista de circulación y donde se instalaron todos para la atención de los vecinos en entidades como Fosis, Sercotec, Sence, Prodemu y otros expositores.

Esto generó una serie de reclamos que trajo como consecuencia una notificación por parte del municipio a la gobernación por el uso de un bien nacional sin la autorización correspondiente.

"Aquí hay un hecho inédito, ya que llegaron personas reclamando que se había intervenido la calle, hecho que me llamó la atención, considerando que la calle es un bien de uso público y las autorizaciones las hacemos nosotros. Pero nos encontramos con una resolución dictada por el gobernador Christian Cárdenas, en donde autorizaba a realizar una manifestación denominada feria de emprendimiento, utilizando la calle Andrés Bello", comentó el jefe comunal de Quilpué a Soy Valparaíso.

Junto con la multa, Viñambres anunció misivas al ministro y al subsecretario del Interior y al intendente de Valparaíso para dar a conocer el hecho.

Cárdenas desmiente

Pero Chrstian Cárdenas no se quedó de brazos cruzados y alzó la voz para reclamar que quien autoriza el cierre de calles es precisamente él y no el municipio, también desmintió que se pusiera en riesgo a los vecinos.

"En ningún momento se puso en riesgo la seguridad de los emprendedores ni de los visitantes, puesto que durante todo el desarrollo de esta actividad hubo presencia de carabineros", señaló.

Cárdenas recordó que es la Ley 19.175 de Gobierno Interior la que señala que el jefe provincial puede "autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes".

Un total de 42 trabajadores con contratos a honorarios fueron desvinculados en el transcurso de esta semana desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu Valparaíso y otros tantos desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Valparaíso.

Así lo comunicaron representantes de ambos servicios quienes coincidieron en cuestionar las razones para materializar estos despidos. Carla Cisternas Urzúa, presidenta de la Asociación Gremial de Trabajadores a Honorarios del Serviu Valparaíso manifestó que a la fecha, del total de trabajadores a honorarios del Serviu, son aproximadamente 42 las personas que han sido desvinculadas. Sobre las razones para estos despidos, la representante gremial manifestó que lo que les han informado es que existirá una nueva forma para las contrataciones las que estarán en el nivel central. "Ya no se va a contratar regionalmente", precisó Carla Cisternas, añadiendo que el nivel central considera que Valparaíso, se encuentra "sobredotado".

"Tenemos del orden de 280 honorarios y ellos asignaron 240 cupos. Pensamos que el proceso de desvinculación iba a ser de personas que estaban cumpliendo algunas funciones que estaban llegando a su término, sin embargo, se están desmantelando algunas unidades", precisó la dirigente quien lamentó que personas con más de 5 años de antigüedad y buenas evaluaciones figuran entre los despedidos.

Para hoy en tanto, la Asociación de Funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Valparaíso (ANFUCULTURA) ha convocado a una manifestación para rechazar públicamente lo que calificaron como "despidos injustificados y fuera de norma".

La Cámara de Diputados negó encontrarse en conversaciones con la constructora Altos del Arrayán, a cargo de las obras del Mall Paseo Ross, a pesar de que su dueño, Mauricio Zulueta reconociera a El Mercurio de Valparaíso negociaciones con el Congreso para trasladar ciertas oficinas parlamentarias ante el aumento de legisladores. Mediante un comunicado, la Corporación aclaró la situación y enfatizó en que "no está en conversaciones con la inmobiliaria", argumentando que "hace más de un año evaluó diversas alternativas para dar solución a la necesidad de adecuar sus instalaciones a las exigencias generadas por el aumento del número de parlamentarios, descartándose el arriendo o compra de nuevas dependencias".

"La Cámara de Diputados ha estado realizando todas las programaciones internas necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento en sus actuales dependencias", se agrega en la declaración.

Por último, detallaron que "durante este tiempo se ha realizado un proceso de ajustes y disminución de gastos tendientes a amortiguar los posibles costos que significará el aumento del número de parlamentarios, y dar cumplimiento a lo establecido en la ley". Cabe mencionar que dicha aclaración por parte de la Cámara Baja se realiza tras un oficio del diputado Osvaldo Urrutia, quien solicitó se informase si se evaluó dicha opción y si se descartó finalmente.