Fabián San Martín D.
Siguen los coletazos por la decisión adoptada por la Corte Marcial porteña de otorgar la libertad bajo fianza al principal inculpado en el caso de espionaje sexual a bordo de la fragata Almirante Lynch.
El jueves el marinero Raúl Ordenes Vega, procesado por la grabación y difusión de imágenes privadas e incumplimiento de deberes militares, consiguió la libertad provisional tras la cancelación de una fianza fijada en 200 mil pesos. Estuvo 34 días detenido en el cuartel Silva Palma. Claro que no todo fueron buenas noticias para él, ya que fue expulsado de la institución, la máxima sanción administrativa en la Armada.
Afectadas
Desde que se destapó el caso, la ex fiscal municipal y actual integrante de la ONG Abogadas Pro Chile, Jeanette Bruna, ha intentado -hasta ahora de manera infructuosa- conseguir con la Armada una reunión con las afectadas por la acción de sus compañeros.
Sin embargo, la profesional anuncia que interpondrá un recurso de protección en nombre de las víctimas.
Bruna considera que hay una marcada desigualdad ante la ley, porque cuatro de los inculpados ante la Corte Marcial poseen representación jurídica gratuita del Estado.
"Las víctimas no existen en este proceso, por lo que la próxima semana tendremos que presentar un recurso de protección para asegurar la protección debida a las afectadas", anticipó la abogada a La Estrella.
La profesional rechazó la decisión de la justicia militar de liberar a Raúl Ordenes bajo fianza. "Evidentemente lamentamos que se dejara en libertad condicional al principal inculpado y autor directo de los delitos cometidos en la fragata Lynch. Esto únicamente se debe a que la Corte Marcial no ha tenido la oportunidad de escuchar la visión de las víctimas, porque el Estado no les ha procurado a ellas la atención jurídica de un abogado para ingresar al proceso", afirmó.
Sus dardos apuntan fundamentalmente a la institución uniformada, la que asevera, no les ha permitido a las víctimas que participen del juicio y ejerzan sus derechos procesales.
Sernameg
Las críticas de la profesional también se enfocaron en la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género. "El Sernameg ha brillado por su ausencia, más allá de declaraciones públicas lamentando los hechos, no ha dado un apoyo real a las víctimas, no les ha procurado la atención jurídica de un abogado para ingresar al proceso", indicó.
Si bien la profesional valoró la medida disciplinaria de expulsión contra el principal implicado, manifiesta dudas respecto del resultado del sumario para los otros involucrados, en especial al sargento que actuó como encubridor y ordenó borrar importante evidencia del caso.
Apoyo
Ayer la Armada, a través de un comunicado, junto con confirmar la expulsión del marinero involucrado, manifestó que la institución "continuará adoptando las medidas necesarias para que este tipo de hechos no se repitan y sancionando con el máximo de rigurosidad este tipo de situaciones, además de ratificar que las afectadas cuentan con el total respaldo institucional".
Respecto a los sumarios internos para los demás involucrados, estos continúan en proceso.