Tremendo susto vivieron la noche del miércoles en la casa de Marco Donoso, cuando a eso de las 21 hroras sintieron un ruido tremendo que los sacó corriendo de la casa. "Fue tan fuerte el ruido que pensamos que era un terremoto y salimos arrancando para afuera" cuenta Marco Donoso.

La razón: un pino instalado en la casa de su vecina hace más de 45 años había botado una de sus tremendas ramas y fue a parar justo en el techo de la casa de don Marco. En la caída, quebró todo a su paso, cortó cables eléctricos, y dejó a Marco con el techo de su casa totalmente destruida y a sus vecinos sin luz por toda la noche.

Por años, Marco ha pedido que se corte o pode el árbol, incluso grabó videos y los fue a mostrar a la Municipalidad de Valparaíso, sin embargo, le dijeron que ellos no les corresponde realizar una poda en un terreno particular. Por otra parte, la dueña del árbol es una anciana de 80 años y podar el árbol le saldría cerca de 300 mil pesos.

Los gastos dejados por la caída del tronco se avalúan en aproximádamente 700 mil pesos. La casa no puede estar sin techo, así que la reparación es urgente. "No dispongo de esa cantidad de plata así que voy a tener que sacar un avance y comprar los materiales con un crédito" cuenta aproblemado.

Lamentablemente, Marco Donoso tendrá que iniciar una demanda a su vecina para poder reembolsar lo invertido en la reparación. "Yo no tengo nada en contra de ella, pero soy un trabajador de la locomoción colectiva y no tengo de dónde sacar tanta plata", dice el dueño de casa aproblemado.

Por otra parte, la familia Donoso agradece el rápido actuar del Departamento de parques y jardines de la muni de Valparaíso y de Carabineros, quienes acudieron rápidamente a ayudarlos apenas ocurrió el hecho la noche del miércoles.

Nicole Valverde S.

El problema lleva latente hace unos 11 años -desde que dejó de existir el canil, en ese entonces perteneciente al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio- y los vecinos de Barón todavía esperan que las autoridades intervengan el sitio que con el paso de los años se ha convertido en un peligroso foco de incendios, infecciones y delincuencia.

Un pequeño residente se pasea en su bicicleta por los alrededores del micro basural. Claro, es un niño, y en su propio barrio no tiene un lugar seguro donde jugar con su bici.

Por eso, los vecinos del cerro Barón, específicamente de calle Julio Verne y sus alrededores, están más que aburridos de esperar que las autoridades se pongan las pilas y hagan algo al respecto.

De hecho, el dirigente vecinal Carlos Carvajal, asegura que en incontables ocasiones se han acercado al municipio porteño para presentar el proyecto que tienen de instalar una sede vecinal en el lugar y así rescatar el espacio que hoy luce lleno de muebles en desuso, escombros, basura y desperdicios de todo tipo.

"Nos sentimos súper abandonados porque nosotros tenemos un proyecto para rescatar este lugar en favor de la comunidad, pero nuestro barrio y nosotros como vecinos hemos sido abandonados por las autoridades locales desde hace muchos años. Necesitamos una solución".

Ayer fueron formalizados cuatro imputados del denominado caso "Fraude 3" en la Intendencia de Valparaíso, quienes quedaron con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Y en el caso de la funcionaria pública, Nelda Garcés, se suma la medida de arresto nocturno.

Tras la audiencia de formalización, el fiscal a cargo del caso, Claudio Rebeco, señaló que "el delito de fraude al Fisco se habría cometido en el marco de procesos de licitación (de una suma 48 millones de pesos aproximadamente) que fueron llevados adelante por el Gobierno Regional para realización de estudios de desarrollo territorial en las localidades de Cabildo y Petorca, vinculados a una contratación de una empresa un estudio de mejoras comunicacionales".

Y agregó: "Sostuvimos que los productos entregados por dichas empresas (Signo y Haza) son deficitarios. Y en definitiva no se trabajó con los profesionales que se habían comprometido en los contratos. La investigación también está respaldada por un informe de auditoría e investigaciones de la Contraloría, donde se estima que hay perjuicio estatal".

Por su parte la consejera regional, Evelyn Mansilla, quien participó en la denuncia realizada en mayo de 2016 al Ministerio Público, apuntó a que "se siga investigando y no se corte el hilo por lo más delgado, porque suponemos que deben haber responsabilidades jerárquicas en términos administrativos".