Jonás Romero Sánchez

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI detuvo la noche del miércoles a la empresaria educacional Carla Barrios, como sospechosa de una millonaria estafa a los apoderados de sus jardines infantiles ubicados en el sector oriente de Santiago, y a dos empresas de factoring.

Según detalló el comisario de la Bridec, Carlos Paz, el modus operandi de Barrios consistía en solicitar a los apoderados la mensualidad de un año completo en cheques, los que luego cobraba o bien vendía a empresas de factoring.

Las víctimas serían al menos 12 apoderados, que presentaron denuncias por perjuicios en torno a los $40 millones.

"Al principio no creíamos que era una estafa y pensamos que era un problema administrativo. Uno fue creyendo que se iba a resolver", dijo a Emol Andrea Mazzino, ciudadana argentina quien el año pasado entregó 10 cheques a Barrios.

Por otra parte, los apoderados comenzaron a sospechar de la calidad de los dos recintos que manejaba Barrios.

"Hablando con las educadoras y revisando las cámaras, se dieron cuenta de que había días en que sus hijos se quedaban con la señora que hacía el aseo, o los dejaban viendo televisión", dijo el comisario Paz.

A esto se sumó que algunos apoderados empezaron a recibir llamados de cobro de estas empresas de factoring, lo que gatilló la presentación de denuncias en contra de la sospechosa.

Arresto domiciliario

El fiscal adjunto de Las Condes, Roberto Contreras, sostuvo que "la imputada, mediante maniobras fraudulentas, dilató la devolución de los cheques, y obtuvo el dinero de manera inmediata, a través de estas empresas de factoring".

El "factoring" es una herramienta financiera que permite a las empresas transformar sus activos como cuentas por cobrar, facturas, pagarés y cheques, en recursos líquidos, o dinero en efectivo, a través de un contrato de cesión de facturas, con empresas especializadas.

Ayer, Barrios fue formalizada por el delito de estafa en carácter reiterada y por apropiación indebida. El Tribunal ordenó su arresto domiciliario total.

La defensa de la imputada consideró que "la calificación jurídica que el Ministerio Público le dio a estos delitos no es la que corresponde", ya que no contempló que "muchos de los cheques no pudieron ser cobrados".