Este viernes entró en vigencia la nueva ley de retención infantil, que exige a los conductores transportar a los menores de 9 años en sillas de retención infantil. La normativa es exclusiva para todos los vehículos particulares de nuestro país, que serán fiscalizados por el ministerio de Transportes, en conjunto con Carabineros de Chile e inspectores municipales.

Sillas nido, butacas y alzadores, son los nuevos implementos exhibidos por el seremi de Transportes, Mauricio Candia, los que deberán ser adquiridos por los padres que manejen y transporten a sus niños.

Esta normativa surge luego de que el año pasado 70 niños, desde el primer mes hasta los 14 años, murieron a raíz de accidentes automovilísticos. "Muertes que pudieron ser evitadas, si es que hubiese existido algún sistema de retención infantil, pues éste disminuye entre un 50 y un 70 por ciento las posibilidades de que un niño muera, víctima de un accidente de tránsito", sostuvo Candia. Según la autoridad, la inversión que deberá ser realizada por los padres al volante es "muy buena, ya que con eso dotan a los niños de la Quinta Región de mayor seguridad".

En el caso de los furgones escolares la silla no es exigible, así que no forman parte de la nueva ley que entró en vigencia. Candia aseveró que "los furgones escolares y el transporte público no se encuentran sujetos a esta ley. Se entiende que los furgones escolares están destinados para brindar una mayor seguridad a los pequeños. La tasa de accidentes en estos medios es baja, e incluso cuentan con auxiliares que colaboran con los llamados tíos del bus".

El teniente de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT), Humberto Mella, recalcó que la falta de sillas será considerada una falta gravísima, por lo que los conductores arriesgarán una multa de 1,5 a 3 UTM, además de una posible suspensión de licencia.

Sebastián Mejías Oyaneder - La Estrella de Valparaíso

Sábados y domingos, los apasionados del balón se reúnen en las canchas del parque Alejo Barrios para dar vida al fútbol amateur. Sin embargo, esta vez la desolación inundó a los más de 7000 miembros de la Asociación de Fútbol Alejo Barrios, luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) amenazara con echarlos del lugar, a menos que firmen un contrato de uso que, a criterio de la directiva, es abusivo. Por este motivo, lo 26 partidos programados no se jugaron.

"La semana pasada llegamos y nos encontramos con que el IND había cambiado todos los candados, impidiéndonos el acceso a lo que nos pertenece desde hace más de ochenta años", sostuvo el vicepresidente de la Asociación Alejo Barrios, Rolando Godoy.

El problema se originó en la administración de Hernán Pinto, cuando la Municipalidad decidió vender los terrenos al Instituto Nacional del Deporte. Hasta ese momento, la Asociación Alejo Barrios estaba a cargo de la administración del recinto. "Desde entonces que hemos estado prisioneros de las trabas burocráticas impuestas por el IND", agregó Godoy.

Es por esta razón que, desde hace un año, la asociación ha rechazado categóricamente, el convenio de uso propuesto por el IND. Según ellos el convenio "es abusivo ya que, por un lado, tendremos un montón de limitaciones a la hora de ejercer el rol de administradores y, por otro, responsabilizan a nuestra asociación de todo lo que suceda en estos recintos".

"Es como la ley del embudo, lo más ancho pa' ellos y lo angosto pa' nosotros", asegura el vice-presidente Godoy. Claramente enrabiado, Godoy cree que hay algo raro en este ultimátum que les dio el IND. "Pensamos que quieren lucrar con estos terrenos, si hace rato que corre el rumor de que hay inmobiliarias interesadas en comprar", concluye.

El ind responde

"Todo lo que dicen ellos es mentira, salvo eso de que cambiamos los candados, es verdad, aún cuando ya les dimos copias de las llaves nuevas". Jorge Díaz, el director regional del IND, enfatiza que han hecho todo lo posible porque la asociación Alejo Barrios firme el convenio de uso.

Para Díaz, el contrato es el mismo que utilizan ante cualquier institución, clubes de fútbol, asociaciones, municipios, entre otras. "No hay irregularidad alguna, incluso en una reunión realizada el viernes pasado, quedamos en negociar durante un plazo de un mes", recalca Díaz. El vicepresidente de la Asociación Alejo Barrios, en cambio, niega rotundamente esa información.