Priscilla Barrera Ll.
Con una traductora sentada a su lado, ayer fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de migrantes el ciudadano de origen indio, Natarajan Benhar, imputado de proveer documentación falsa para permitir el ingreso de al menos 11 connacionales suyos a Chile, con ofertas laborales que, según los denunciantes, no se habrían cumplido.
Así lo detalló el fiscal jefe de Viña del Mar, Pablo Avendaño, quien entregó durante la audiencia que se extendió por casi dos horas, los antecedentes de cada uno de los 11 casos que hasta el momento y con casi un año de investigación, se encuentran en poder del Ministerio Público.
"Lo estamos investigando por 11 hechos concretos sin perjuicio de que esto se pueda ampliar eventualmente con los nuevos antecedentes que hemos recogido a partir de las diligencias del día de ayer (jueves). El tribunal ha estimado que están acreditados los hechos y también la participación en términos genéricos por lo tanto estamos tranquilos y continuamos con la investigación", comentó al término de la audiencia el persecutor.
Si bien el tribunal rechazó su solicitud de decretar la prisión preventiva para el imputado, Avendaño se mostró confiado en que la investigación terminará con una condena en su contra. No se descarta que el número de víctimas aumenten así como tampoco que existan nuevas formalizaciones. La intendencia de la Región de Valparaíso actuó como querellante en esta causa.
Con arraigo
Si bien el Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva para Natarajan Benhar por considerarlo un riesgo para la seguridad de la sociedad y por la posibilidad de que éste pudiese abandonar el país, el magistrado Rodrigo Cortés la desestimó, determinando en su reemplazo las cautelares de firma quincenal en la Fiscalía de Viña del Mar, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
Contactos
De manera directa o por intermedio de terceras personas, Benhar contactaba a sus supuestas víctimas.
En algunos casos, ofrecía contrato para trabajar en un centro de masajes y en otros para trabajar en sus restaurantes. En algunos casos, el imputado habría empleado como pantalla dos empresas que no son de su propiedad, para elaborar las cartas de invitación para la obtención de visas de turismo.
"Eran cartas de invitación o más bien que se presentaban por quien gestionaba las visas para fundamentar la solicitud de la misma (...). Esos documentos serían, al menos ideológicamente falsos pues los propios representantes de las empresas dieron cuenta que nunca tuvieron la intención de invitar a estas personas", precisó el fiscal.
Conflicto laboral
Reconociendo que sólo minutos antes de la audiencia tuvo acceso a la carpeta de investigación y a hablar, mediante la intervención de una intérprete, con su representado, el abogado particular José Manuel Zolezzi cuestionó el accionar del Ministerio Público, y se mostró conforme con las cautelares que reemplazaron la prisión preventiva.
El profesional insistió, tal como lo hizo durante la audiencia, en la participación de otras personas - entre ellas un supuesto funcionario de la PDI -, planteando que su representado nunca fue a buscar a las supuestas víctimas al aeropuerto ni tampoco firmó contrato con ellas.
"Lo que hay aquí es una serie de problemas de carácter económico. Efectivamente se habrían prestado algunas labores y habrían quedado deudas y estas personas proceden a hacer una imputación de esta naturaleza", planteó el abogado quien aseveró que su representado hace un año que no sale del país y que posee arraigo en Chile donde vive junto a su mujer - embarazada de 7 meses - y sus hijos.
