Claudia Carvajal R.

Acasi un año de la muerte de Eduardo Lara, el funcionario que murió asfixiado en medio de un incendio que afectó un edificio municipal, se espera la realización de una audiencia clave que determinará el posible cierre de la investigación de este caso y si finalmente la Fiscalía acusa a los seis imputados por robo en lugar no habitado e incendio con resultado de muerte.

Según señaló el abogado querellante de la familia Lara, Pedro Delgado, esta cita quedó fijada para el próximo 15 de mayo y en ella se discutirá además, la solicitud del abogado de Nicolás Bayer Monnard -el último formalizado en este caso-, de sobreseer al joven y además de anular una de las pericias biológicas a la que fue sometido (examen de ADN realizado en la Labocar de Valparaíso).

"No veo fundamentos para que se acepten, pero fue lo que se solicitó en su momento", explicó Delgado.

Además de Bayer, los imputados son Constanza Gutiérrez, Felipe Ríos, Miguel Varela, Hugo Barraza y Rodrigo Araya, todos actualmente están con las medidas precautorias de firma mensual y arraigo nacional.

Pruebas suficientes

Según Pedro Delgado, en la audiencia de mayo el tribunal debiera decretar el cierre de la investigación. En agosto pasado, cuando se formalizó a los primeros cinco imputados, se decretaron seis meses, los que se cumplieron en febrero.

"No creo que el tribunal dé una ampliación de plazo, la Fiscalía tiene que acusar durante mayo o junio, cuando se cumplen los plazos legales para estos efectos", destacó el abogado de la familia Lara.

Si bien ha sido un caso complejo, Delgado cree que hay pruebas suficientes para acusar. "Hay encapuchados y ninguno fue detenido en el momento. Evidentemente la prueba es más compleja que si fuera una persona descubierta o alguno de ellos hubiese reconocido los hechos, acá todos se han ido de negativa".

Asimismo destacó que "evidentemente uno siempre en la investigación quiere la mayor cantidad de pruebas posibles. Es una investigación compleja, las pruebas tienen relación con características físicas de los imputados, como la altura, la ropa que usaban ese día y eventualmente el ADN en ciertas prendas encontradas".

El fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade (a cargo de este caso) se excusó de hablar con La Estrella por entender que son aspectos reservados de la investigación.

"Hasta ayer, contamos con 935 locales operativos en la región", aseguró a La Estrella Mauricio Serrano, director regional del INE, para quien todo avanza de acuerdo a lo estipulado.

De hecho, el funcionario del INE agregó que en la V Región ya tienen a un 109% del personal (entre los voluntarios y funcionarios públicos) en estricto rigor para dar cumplimiento con el Censo 2017. "Eso con una capacitación, hasta ayer lunes, del 98% de los censistas", dijo Serrano.

Ahora, si a usted le toca ser censor, ponga atención a lo siguiente, de acuerdo al directivo. Primero deberá llegar a las ocho de la mañana al local operativo que le corresponda. Una vez allí, lo primero será dar el acto de la asistencia con el digitador del local asignado en su respectiva zona.

Después, usted como censor, se deberá presentar con el jefe zonal quien lo asignará con un supervisor (el cual a su vez se encargará de armar su grupo).

Una vez con el supervisor, éste tendrá que proporcionarle los materiales (como portafolio, lápices) para luego proceder a revisar los mapas. Eso antes de salir a terreno -como censor- a las 9:00 AM, y en un radio estipulado de dos cuadras.

Hasta el Juzgado de Garantía de Valparaíso llegó ayer el alcalde Jorge Sharp para presentar una querella en contra de quienes resulten responsables del robo que afectó a la Farmacia Popular de la ciudad, el tercero que afecta a la entidad, de septiembre a la fecha.

Tanto Sharp, como sus acompañantes hicieron públicas sus dudas respecto de la intención que hay detrás de estos delitos. "No puede ser que la farmacia que ha tenido más avances a nivel nacional sea la que más ataques ha tenido", declaró Marcos Fernández, subdirector de Innovación de la Corporación, quien además advirtió que el segundo robo tuvo más características de saqueo, ya que destruyeron medicamentos que estaban para ser vendidos por fracción.

Por su parte, el alcalde Sharp señaló que "es la Justicia la que debe actuar en estas materias. Me parece que en menos de cuatro meses de gestión, la farmacia haya sido objeto de robos de estas características nos preocupa y da para pensar".

"Yo tengo sospechas, espero que se solucione pronto porque nos han hecho daño a nosotros como ciudadanos", Verónica Reyes, usuaria de la Farmacia Popular.