Carla Olivares

Como "escandaloso" calificó el abogado Ricardo Ibañez la información difundida por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que señala que durante el primer trimestre de 2017 ha aumentado en un 300% la quiebra de empresas respecto del mismo periodo del año 2016.

La información que fue difundida El Mercurio del pasado domingo señala que durante el año 2015 en Valparaíso fueron dos empresas las que solicitaron la quiebra; al año siguiente aumentó a 4 y este año hubo 16, lo que permite visualizar un futuro no muy auspicioso.

Restricciones

"El aumento se puede atribuir a las restricciones crediticias que han puesto los bancos para poder renegociar los créditos de las empresas que están en situación de insolvencia y también a la contracción económica que se está viviendo. Eso se va a traducir en que hacia fines de año debiesen aumentar estas solicitudes de quiebra y, como consecuencia, aumentar el desempleo", señaló el fundador de www.defensadeudores.cl

Sumado a lo anterior, esto provocaría endeudamiento y declaraciones de quiebra de personas naturales, lo que sería catastrófico para Valparaíso que está en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a solicitudes de quiebra se refiere.

Pymes

"Los bancos ya dejaron de inyectarle oxígeno a las Pymes, han restringido sus políticas crediticias y han trabado la renegociación de créditos. Por otro lado, la reorganización que establece la Ley de Quiebras para que las empresas puedan continuar su giro es tremendamente engorrosa y cara para la pequeña empresa, por eso están optando por quebrar", indicó Ibáñez.

Para el abogado no existe voluntad política para que la reorganización sea accesible. Lo anterior porque ahora se exige realizar un informe de auditoría, algo extremadamente caro para las pequeñas, medianas y microempresas. A esto se suma que, de acuerdo a la nueva ley, una persona natural que emite boletas de honorarios durante los últimos 24 meses, es considerada una empresa y al ser inalcanzable una auditoría deben declararse en quiebra.

"Es tremendamente absurdo que una profesora de inglés, que hace clases particulares y emite una boleta tenga que presentar un informe de un auditor para decir que su negocio es viable. Esto haría pensar que debiese modificarse la Ley de Quiebras y permitir que todas estas personas naturales que emiten boletas de honorarios puedan renegociar sus créditos y no forzarlos a la quiebra", señaló el jurista.

El lunes 3 de abril y el jueves 6, cientos de usuarios y usuarias del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Placeres llegaron de madrugada para lograr conseguir una hora de atención médica para enfermedades crónicas en el recinto.

Pero según el relato de Angélica Astorga, vecina perteneciente al sector 36, los pacientes se toparon con la sorpresa de que habían cambiado drásticamente y sin aviso el sistema de atención.

"La niña del mesón me dice: no, ahora solamente van a haber dos días para que los pacientes crónicos soliciten una hora. Y yo le pregunté por la atención de otros especialistas como nutricionistas. Y me dijo que hubo cambios, y que sólo eran dos días al mes, uno para cada sector (sector 10 y 36). Y que las agendas de todos los especialistas, incluso el dentista estaban cerradas", relató la afectada.

La excusa que la trabajadora del Cesfam le habría dado a los pacientes es que el nuevo sistema sería una orden administrativa.

Aún así, muchas personas -sobre todo de la tercera edad- que padecen enfermedades crónicas y necesitan un control médico constante, no alcanzaron a tomar sus horas de atención médica el día que les correspondía, por lo que madrugaron para ver si podían solucionar el asunto. Esto causó la indignación de la comunidad placerina, quienes actualmente se han agrupado a través de las redes sociales para tomar medidas.