En días previos a que zarpe el buque Escuela Esmeralda de la Armada de Chile, profesionales de la Organización No Gubernamental (ONG) Abogadas Pro Chile, se reunieron con la Ministra del Sernam Claudia Pascual, con la finalidad de mejorar protocolos de seguridad para las funcionarias de las Fuerzas Armadas. La cita, enmarcada en el caso de espionaje a marineras de la Fragata Lynch,se realizó en Santiago y estableció una agenda de trabajo para abogar por esta veintena de víctimas y otras anteriores.

Jeanette Bruna, directora de Abogadas Pro Chile, declaró que no basta con prevenir el tema del acoso sexual y laboral con educación, sino que es necesario insistir con el gobierno central sobre la debilidad que existe en las Fuerzas Armadas en temas de género.

"En la cita con la ministra Pascual, abordamos la problemática sobre los casos de las víctimas de la Armada, pero también estimamos que es pertinente investigar y tener un catastro desde el 2007 a la fecha sobre casos de acoso sexual y laboral dentro de la institución naval", detalló Bruna.

Erika Rojas Salazar

Uno de los 500 afectados por las denuncias advertidas por la PDI, respecto a estafas hechas a través de la tarjeta Cencosud, es el quilpueíno Jorge Cañas.

El pensionado, quien actualmente demandó a la casa comercial por $10.200.000, debido a la estafa que sufrió el 13 y 14 de febrero pasado, ha debido dejar los pies en la calle con el objetivo de que Cencosud responda por los dos avances en efectivo que realizaron desconocidos a su nombre.

Vendía un auto

La forma en que se perpetró el delito fue la siguiente: Jorge Cañas publicó la venta de su vehículo en dos sitios de internet. El 13 de febrero lo contactaron y la persona que llegó mandatado a probar el vehículo, aprobó la compra y éste se pagó en dos cuotas. La primera un depósito de 4 millones el mismo día y una segunda cuota de $3.700.000 el 14 de febrero por la mañana. El comprador físico fue Luis Bustamante Meza. El traspaso del vehículo se hizo en el registro civil de Quilpué, pero Labocar de Carabineros aún no acredita que la huella dactilar sea del mencionado individuo.

Con el dinero en su cuenta corriente, Jorge Cañas no dudó en que la compra fuese falsa, sin embargo un llamado telefónico desde Cencosud, alertando de estos dos avances, inició su calvario.

"Desde la tienda se me consulta si yo autorice los avances en efectivo y desde luego que yo no había hecho nada. A las 11.17 horas del 14 de febrero supe que había sido víctima de una estafa", se explaya el quilpueíno, quien acudió dos veces a la tienda y otra vez al Sernac, hasta que decidió demandar a Cencosud. Es que la solución que le dieron fue esta: devuelva el avance y no cobramos los intereses, no obstante el auto ya había sido traspasado y entregado.

Tras dos meses y medio de trámites y malos ratos, Jorge Cañas recuperó su auto (abandonado en Chépica), perdió 7 kilos por estrés y ha debido batallar contra la empresa que no reconoce que el sistema fue vulnerado y que él ni siquiera tenía aprobado montos para sacar en avances en efectivo. Ahora recién el 6 de junio tendrá su primer comparendo con Cencosud.

A través de un téngase presente expuesto en la Corte de Apelaciones, la municipalidad de Valparaíso reconoció que la Dirección de Obras Municipales (DOM) incurrió en ilegalidades al otorgar el permiso de edificación del Terminal de Pasajeros, VTP, ubicado en terrenos donde está proyectado levantar el cuestionado Puerto Barón y que entró en funcionamiento en octubre del año pasado.

La movida legal llamó la atención, ya que de esta manera la alcaldía ciudadana se pone "del lado" de los demandantes; en este caso, el dirigente Jorge Bustos, reconocido opositor del proyecto Puerto Barón y quien interpuso un recurso de ilegalidad en contra de la misma municipalidad.

En dicho recurso se señala que en la resolución dictada por la DOM "se ha vulnerado normas legales y reglamentarias, afectando el interés de la comuna al resolver otorgar certificado de recepción definitiva parcial respecto de la obra".

En el mismo escrito se advierte además que tanto la Contraloría General como la regional advirtieron que las resoluciones de la DOM en este caso no se ajustaron a derecho y que se deben adoptar "las providencias que en derecho correspondan".

Consecuencias

Al respecto, en la municipalidad porteña señalaron que "lo que estamos haciendo es dar cuenta de los dictámenes de contraloría, los que indican que los permisos son ilegales, nada más".

En cuanto a las consecuencias que pueda tener esto en VTP, dijeron que "es un escenario sobre el cual preferimos no referirnos, porque lo primero es ver si la Corte acoge el reclamoque hemos presentado".