Guillermo Ávila N.
El año transcurre, y con ello, un drama humano y social que lejos de ver solución -para algunas voces desde el Core- más bien se empantana ad portas de un nuevo invierno. También genera angustia -y en ocasiones- protestas que bajan desde la parte alta, esa lejos de los reflectores al turismo en la Ciudad Jardín.
Ya en febrero pasado, Manuel Millones, consejero regional de Valparaíso (Core), disparó dardos contra el Ministerio de Vivienda. ¿La razón? La entidad de gobierno la sindica como responsable de la crisis que ha tenido en el ojo público -y con casi nulo avance en cuanto a demandas de las familias afectadas- a los campamentos de la región, en particular el "Felipe Camiroaga", el mismo complejo que fue afectado por el incendio de marzo.
A hoy, de acuerdo a Millones, el instructivo del Ministerio de Vivienda da cuenta de un fracaso de la política habitacional destinada a enfrentar la situación de los campamentos en Chile. Y para ello, recurre a un decreto del 80, "ese donde se restringe el derecho a optar a una vivienda social a quien se encuentre en una toma", alega.
Esta medida, "a su vez amparada en un decreto del 80 pero vigente", dice, se intenta aplicar en un contexto diferente. Y que, pese a su existencia, las tomas han continuado igual. Por eso Millones reitera que los gobiernos han fracasado en la disuasión de los asentamientos, los mismos que siguen proliferando sin ningún control, "y muchas veces con la colaboración de algunas autoridades políticas y que en periodo electoral se acrecienta el uso de dicha demanda para obtener votos", rotula la autoridad.
En ese sentido, lo que se rescata del instructivo, a juicio del core, es a poner ojo sobre candidatos que usan esta demanda en beneficio propio y la mayor parte de la veces, las familias por esas vías no encuentran la solución prometida, "como es lo que pasa en nuestra región y en especial en Viña del Mar y Valparaíso".
Manuel Bustos
Al respecto, María Medina, dirigente del campamento Manuel Bustos, el mismo en honor al ex dirigente de la CUT y que se creó en 1995, manifestó que si bien quedó contenta, "falta más". Eso de acuerdo a lo logrado en abril, cuando el Gobierno, el municipio viñamarino y representantes de 20 -de 23- comités del Campamento más grande de Chile, recibieron respuesta a la urbanización y regularización de los terrenos. Un paso para "el acceso a servicios básicos: agua potable y alcantarillado".
Un protocolo que permitió a 924 familias -donde ahora hay 1087- fijar un Plan de Trabajo en Obras y un Plan de Regularización de la Propiedad. Un detalle: 100 familias tendrán que moverse dentro del mismo campamento. "Las que se irán es porque llegaron después del plazo del catastro de cierre de campamento", dijo Medina, quien agregó aparte que "las familias del campamento Felipe Camiroaga no entran dentro del catastro del 2011".
El sector donde se emplaza el 80% de las familias del Manuel Bustos es terreno Serviu.
No obstante, para el core Manuel Millones, ningún decreto por si solo va poner freno a esta realidad. "He pedido de manera reiterada al Serviu actualizar el catastro y ordenar respuestas habitacionales por antigüedad".
Agrega que un problema adicional de las tomas es que el valor del suelo y de las obras de urbanización sean mas onerosas que no se alcanza a cubrir con el subsidio. "Diferente sería si contáramos con un banco de suelos o terrenos públicos, entonces las soluciones serían más expeditas y en mayor volumen", complementó Millones.
¿Soluciones habitacionales?
Millones añade que como consejo regional, solicitan a los Ministerios, de Vivienda, Bienes Nacionales y Defensa a aportar terrenos para las soluciones habitacionales a las familias de clase media y situaciones sociales de la región, lo mismo debieran hacer los municipios, es decir todos aportar a dar respuestas prontas a esta demanda. "En el caso de la región, lo único serio que se hizo es el convenio de campamentos y en donde por la ineptitud del Ministerio de Vivienda no se avanzó como estaba programado".