Camila Infanta S.

Como una "acción delicada" que espera que no "escale a algo más peligroso", calificó ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, el anuncio del gobierno boliviano de trasladar tropas altamente calificadas a la frontera con Chile para, según La Paz, "frenar el contrabando".

"Existen mecanismos de cooperación entre los dos países para combatir el crimen organizado, por lo que hay recomendar prudencia al gobierno boliviano en estos momentos", dijo ayer el canciller.

Las tropas están compuestas por la Compañía Conjunta de Fuerza Antiterrorismo y Antisubversión Fuerza 10 (F10) que se especializa en "acciones de control" y que posee un "alto grado de especialidad", dijo el martes el ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira.

El hecho ocurre luego de que Chile detuviera en marzo a nueve ciudadanos bolivianos (siete funcionarios de aduanas y dos militares) por robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando, en la frontera entre ambos países.

Al respecto, el gobierno boliviano ha asegurado que sus ciudadanos fueron detenidos en su propio territorio cuando hacían una operación para reprimir el contrabando.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer que su determinación no obedece a ninguna agresión contra Chile.

"Si bien es importante movilizar algunas de nuestras fuerzas, va a ser contra el contrabando, no contra el pueblo chileno, menos contra el Gobierno chileno", dijo.

Sobre la reacción que tuvo en Chile su movimiento, el mandatario aseguró que pareciera que existen "celos" hacia Bolivia, lo que, según él, se debe principalmente por su progreso económico.

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En conferencia de prensa, el mandatario boliviano informó, además, que envió una carta al Papa Francisco para que interceda por la liberación de los nueve detenidos.

Aseguró que se trata de un caso "de profundo dolor y preocupación para Bolivia, derivado de una arbitraria detención y enjuiciamiento por parte de Chile".

Aseveró que Bolivia considera "esencial" el envío de un delegado para que "verifique en Iquique el estado de situación de los nueve detenidos y en resguardo de sus Derechos Humanos".

En Chile, el diputado PPD, Jorge Tarud, aseguró que siempre ha temido que Morales busque un incidente fronterizo armado "para hacerse la víctima".

Mientras, el senador RN, Francisco Chahuán, lamentó el hecho y confió en que la Cancillería evitará que el episodio escale.

En fallos divididos, la tercera sala de la Corte Suprema acogió ayer dos recursos de protección interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de 11 presos, y ordenó al Servicio Electoral (Servel) y Gendarmería, establecer mecanismos para que los internos puedan votar.

Según detalló el fallo, no existe impedimento legal para que las personas privadas de libertad que estén habilitadas para votar, es decir, que su condena no se los prive de este derecho, ejerzan su derecho a sufragio en las distintas unidades penales, siempre y cuando se establezcan mesas para que reciban la votación.

Los recursos fueron recibidos desde dos penales: uno de Santiago y otro de Talca, quienes podrán votar el 19 de noviembre.

Los documentos señalan que "es posible concluir, contrariamente a lo señalado por las recurridas, que el Servicio Electoral está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario".

En calidad de testigo, la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, declaró aye ante el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, por el megafraude al interior de Carabineros. Según informó Emol, la ex secretaria de Estado fue consultada por su rol como subsecretaria de Carabineros, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, tiempo en que se habría iniciado el ilícito y que se habría extendido por, al menos, cinco años. Mientras, ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, decretó prisión preventiva para cuatro imputados en el caso, revocando así la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El motivo dado para la cautelar fue que eran un peligro para la sociedad.