Michael Seguel P.

Guardias armados podrán proteger los casinos del país de ataques como los registrados en las últimas semanas en el centro de eventos Monticello de la Sexta Región, luego de que ayer la Subsecretaría del Interior y la Superintendencia de Casinos firmaran un decreto que define a las casas de apuestas como "entidades obligadas" a tener medidas especiales de seguridad.

Así lo anunció el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tras una reunión con la superintendente de casinos, Vivien Villagrán, donde se analizó el ataque perpetrado el domingo por el veterinario Osvaldo Campos, quien mató a dos funcionarios del recinto, hirió a otras cuatro personas y luego se suicidó. El 6 de junio otro jugador había disparado a un guardia e intentado huir con fichas, antes de ser arrestado.

Aleuy aseguró que la firma del decreto es el término de un proceso iniciado el año pasado y que ahora Carabineros deberá determinar las medidas de seguridad, que serán similares a las de los bancos.

"Carabineros, en 60 días, va a determinar cuáles son las medidas adicionales que tienen que tomar los dueños de los casinos, y eso incluye el uso de guardias armados", dijo.

Mientras, la Supertintendenta de casinos afirmó que "vamos a aplicar estándares mucho más reales".

Detectores de metales

Manuel Rojas, gerente general de Monticello, dijo ayer que incorporarán detectores de metales portátiles en el recinto y que no abrirán hasta que estén incorporadas. "No hay un protocolo ni una medida que hubiera subsanado lo que nos pasó", aseguró.

Mientras, consultada sobre por qué no se tomaron antes medidas, la superintendenta dijo que "no podemos usar esas facultades de la noche a la mañana. Para instalar pórticos detectores de metales tenemos que traerlos del extranjero y no contamos con un marco regulatorio para hacerlo".

3 muertos dejó el ataque del domingo, en que un veterinario mató a dos personas y se suicidó.

A $25.500 millones llegó el fraude de Carabineros, según informó ayer el fiscal de la región de Magallanes, Eugenio Campos, durante una audiencia realizada en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fiscal regional detalló que la cifra aumentó en tres mil millones de pesos desde el último monto entregado el pasado 14 de junio, cuando se revisaron las cautelares de 12 de los imputados en el caso.

La nueva cifra fue dada a conocer en medio de la revisión de cautelares del mayor en retiro, Alejandro Ponce, quien estaba con arresto domiciliario y quedó en prisión preventiva.

El oficial en retiero es investigado por recibir $449 millones del fraude.

En la oportunidad, el fiscal pidió también ampliar el plazo de investigación del caso, que originalmente terminaba el 19 de julio.

"Ésta es la malversación más grande de la historia de Chile (...). Es una causa que se inició en marzo del 2017, con alrededor de 16 mil millones de pesos", enfatizó el fiscal Campos.

La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, afirmó que el 50% de los colegios particulares subvencionados pasarán a ser sin fines de lucro, tras las modificaciones que ha instaurado la Ley de Inclusión. "Es una cifra tremendamente alentadora. El resto de los establecimientos tiene plazo de aquí, al 31 de diciembre, para poder concluir con el paso de ser sin fines de lucro", dijo. Desde el ministerio aseguraron que son 31 los establecimientos que han manifestado su decisión de cerrar y que esto no obedece a la Ley de Inclusión. La subsecretaria recordó que el 1 de julio terminó la primera etapa para que los colegios particulares subvencionados informaran si se convertirían en sin fines de lucro o en particulares.