Nicole Valverde S.

Giordi González es padre y apoderado del Colegio Hispano Americano de Viña del Mar, colegio subvencionado que pasará a la gratuidad. Pero además es el vocero regional de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) de Chile, quienes a partir de las 15 horas de hoy estarán manifestando públicamente su descontento con la Ley de Inclusión.

"Vienen representantes de colegios subvencionados de otras regiones del país para exigir que se esclarezca la letra chica que hay detrás de la ley. Porque le problema no es que la educación sea gratis o privada. Sino que nosotros opinamos que hay ítems que atentan con la libre demanda que tenemos los padres y apoderados para escoger un proyecto de educación adecuado para nuestros hijos e hijas", explica González.

Mientras de forma paralela, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, se presentará ante la Cámara de Diputados, con el objeto de conocer, analizar, y realizar un diagnóstico de la implementación de la Ley 20.845 de inclusión escolar; que regula la admisión de las y los estudiantes, elimina el financiamiento compartido, y prohibe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

Sostenedores

Desde el punto de vista de los sostenedores, Jaime Molina, vocero regional de la Confederación de Asociaciones de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (Conapas), argumenta que uno de los puntos negros de la ley -entre otros-, implica que todos aquellos sostenedores que no son dueños de la infraestructura de sus colegios tienen que comprarla.

"Lo que implicaría endeudarse en créditos. Y los sostenedores de establecimientos más pequeños que tal vez no puedan cumplir con los plazos tendrán que atenerse a multas. Por lo tanto muchos optarán por volverse privados, o de lleno están cerrando los colegios dejando a miles de niños y niñas sin matrícula", dice Molina.

Ayer se realizó La Feria del Empleo Valparaíso 2017, organizada por Oficina Municipal de Intermediación Laboral de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso (OMIL) y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), quienes en un trabajo en conjunto unieron esfuerzos para poder realizar esta feria, en la que sus visitantes pudieron encontrar un espacio donde más de 10 empresas de la zona ofrecieron capacitaciones y puestos de trabajo, enfocados en distintas áreas y rubros.

En la ocasión, el municipio porteño aprovechó la oportunidad para mostrar el trabajo que desarrolla su OMIL en cuanto a orientación laboral, intermediación en la colocación y vinculación empresarial. Asimismo, se recepcionaron los currículum de los interesados, teniendo la oportunidad de postular a los diversos empleos que allí se ofrecían, además de los cursos de capacitación gratuitos.

Gabriela Aedo, encargada de la OMIL Valparaíso, señaló que "lo que queremos es acercar la oferta laboral y la capacitación a la gente".

Molestos están los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quienes denunciaron presuntas irregularidades vinculadas a la actual directora del servicio, Francisca Herrera.

Según cuentan, la ex jefa de gabinete del diputado Marcelo Schilling, militante del Partido Socialista, lleva tres años como directora regional del SAG, en un mandato que ellos catalogan como "irregular, ya que ella está ahí sin haber ganado ningún concurso público y por sus claras influencias políticas. Además, se ha dedicado a meter amigos de su partido a la institución", aseguró Emanuel Arancibia, presidente de la Asociación de Funcionarios del SAG en nuestra región.

Dicen que eso quedó más que claro, el día en que se llevó a cabo un concurso público, en la búsqueda de un profesional para la determinación de semillas. "¿Cómo los miembros designados de la comisión de selección del SAG, Región de Valparaíso, sustentan que un postulante que no tiene experiencia en botánica, pueda superar a varios otros que demuestran experiencia académica y formativa?", se preguntan los trabajadores.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero desmintieron los dichos de los trabajadores, recalcando que "este concurso carece de un sesgo político y de favorecer a personas conocidas de la autoridad, esta afirmación se respalda en los antecedentes del proceso".