Dos millones y medio de pesos entre cheques y dinero en efectivo fue el avalúo del robo que afectó la madrugada de este lunes a la oficina de Tesorería de la Municipalidad de Quilpué. Según se pudo establecer, los documentos correspondían a cheques destinados al pago de remuneraciones de funcionarios municipales. El hecho quedó al descubierto la mañana del lunes y está siendo investigado por Labocar de Carabineros.
Diversas especies avaluadas en 5 millones de pesos sustrajeron desconocidos que ingresaron a la sucursal de la Farmacia Ahumada ubicada en calle Claudio Vicuña 700 en la comuna de Quilpué. De acuerdo a los antecedentes recabados por carabineros, en horas de la noche desconocidos ingresaron por un ventanal del segundo piso. Tras fracturar un muro, los sujetos lograron ingresar a las dependencias del recinto, sustrayendo diversas especies. El sistema de alarmas de la farmacia habría sido desconectado por los antisociales.
Una querella contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y obtención fraudulenta de prestaciones estatales presentó la mañana de ayer el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, respecto del periodo anterior, correspondiente al del exalcalde Jorge Castro.
El jefe comunal acudió al Tribunal de Garantía porteño acompañado de los abogados del municipio y de los concejales Ruth Cáceres, Zuliana Araya, Daniel Morales y Yuri Zúñiga.
"Hemos acabado de interponer una querella vinculada a los hechos acaecidos en la administración del ex alcalde Jorge Castro, materia del informe de Contraloría de fecha 27 de julio. Nuestra idea es poder aclarar si en los hechos investigados por la contraloría existe algún tipo de delito", sostuvo Sharp.
La querella contiene cuatro grupos de hechos que detallan las irregularidades donde la defraudación bordearía los mil millones de pesos.
El primero se refiere a irregularidades detectadas en las cuentas y balances de la municipalidad; el segundo grupo tiene relación al déficit presupuestario municipal; luego se habla de irregularidades en los saldos de cuentas corrientes donde existe una diferencia de 478 millones de pesos; eirregularidades en el convenio de la Corporación Municipal de prestación de los servicios de aseo, higiene y salubridad pública en las calles de la ciudad donde se detectó que varios millones fueron destinados al pago de remuneraciones, horas extraordinarias y finiquitos, además del pago de cerca de 500 millones de pesos a personal que no realizó labores de aseo, sino que administrativas.
En este mismo orden, existen 129 pagos efectuados por la Cormuval a personas donde no se cuenta con la documentación que acredite los servicios prestados y donde incluso aparece el pago de remuneraciones a un funcionario ya fallecido. Además se detectó a tres funcionarios contratados por el municipio y por la Cormuval de manera paralela, percibiendo dos sueldos.
Otra irregularidad tiene que ver con la contratación de seguros y pagos abultados por las pólizas e irregularidades en el pago de la empresa a cago de los corrales municipales.
"Lo que estamos haciendo aquí es defender los intereses de Valparaíso, queremos perseguir las responsabilidades administrativas y penales, es bueno que la ciudadanía sepa la verdad", dijo el alcalde Jorge Sharp.
Ruth Cáceres y Zuliana Araya fueron dos concejalas que estuvieron presentes en ese periodo y que hoy buscan que se esclarezca la verdad que para ellas fue esquiva.
Lo anterior, porque durante el periodo pasado, junto a la ex concejala Paula Quintana presentaron una denuncia por notable abandono de deberes en contra del ex alcalde.
"Fue muy difícil investigar, hicimos la gestión, pero no pudimos. Pedíamos la documentación y nos tramitaban, las manos las teníamos casi amarradas", dijo Ruth Cáceres, en tanto Zuliana Araya sostuvo que "presentamos 12 tomos de irregularidades que encontramos. Pedíamos transparencia, documentos que no se nos entregaban, éramos insultadas y maltratadas".
En otro aspecto, Contraloría ordenó la reincorporación de tres funcionarios que habían sido despedidos, por lo que el municipio deberá desembolsar alrededor de 30 millones de pesos de indemnización, además del pago de 21 millones a otro funcionario desvinculado, situación que ha puesto en riesgo tres valiosas obras del museo Baburizza, actualmente embargadas y que pueden ser rematadas si no se cancela la deuda.
"Justo en el momento en que nos acercamos a las elecciones, se presenta esta querella, por lo tanto, lo que hoy día estamos viendo no es nada más que una situación de aprovechamiento político para volver a insistir sobre un tema que ya está siendo investigado, que hay personal municipal que ha sido citado a declarar a la fiscalía y que es un procedimiento que partió hace bastante rato atrás", dijo el ex alcalde Jorge Castro.