Representantes de tres organizaciones que agrupan a cerca de 800 personas que trabajan en la Feria Parque Caupolicán manifestaron ayer su deseo de que sea la municipalidad de Viña del Mar la que asuma la administración total de este espacio o en su defecto, de la feria de bazares, separando así la administración de la feria hortofrutícola.

Así lo hicieron ver mientras se encuentra en pleno desarrollo un trabajo de ordenamiento y catastro que viene realizando la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales y en el que también han participado activamente.

Patricia Gallardo, presidenta del Sindicato de Esporádicos de la feria Parque Caupolicán, manifestó que el municipio viñamarino ha estado permanentemente preocupado del funcionamiento de la feria y de los comerciantes.

"No es verdad que la municipalidad nos ha dejado abandonados. Siempre han estado preocupados de nosotros (...) Esto debe estar a cargo de la municipalidad, eso es lo que quiere la mayoría de la gente", planteó la dirigente quien se manifestó contraria a que sea la feria hortofrutícola la que asuma la administración general del Parque Caupolicán.

En el mismo sentido, Luis Rivera, presidente de la Agrupación Emprendedores Fe y Esperanza, planteó que inmediatamente se conoció que los terrenos serían traspasados, plantearon que fuera el municipio el que asumiera su administración. "Nosotros pagamos permisos precarios y ganamos apenas 3 mil, 4 mil pesos diarios y trabajamos solo dos veces a la semana. Eso no se compara con lo que gana la gente de la feria hortofrutícola (...) Por eso apoyamos la idea de que la municipalidad tome el 100% del parque o que la parte bazar sea controlada por el municipio. Ellos tienen todos los medios para hacerlo", planteó el dirigente.

Andrea Cáceres, presidenta del Comité de Defensa de la Feria Parque Caupolicán precisó que nunca, en todo este tiempo, el municipio los ha abandonado, incluso cuando se terminó el comodato se mantuvo el vínculo con el municipio.

Priscilla Barrera Ll.

El superintendente de educación de la Región de Valparaíso, Pablo Mecklenburg reconoció que efectivamente la entidad recibió durante el presente año, 13 denuncias que involucran al Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar, ex Monjas Francesas, situación que tras ser puesta en conocimiento de esta entidad, motivó que ayer el establecimiento fuera fiscalizado por profesionales de la Superintendencia.

Sobre el tipo de denuncias, la autoridad declinó pronunciarse, precisando que es necesario que primero se verifique en terreno.

"El colegio sabe que están las denuncias, nosotros ya le pedimos información oficial y evidentemente no sabe el momento en que va a ser fiscalizado por cuanto estas son fiscalizaciones de denuncia que son sorpresa", añadió la autoridad.

Apoderados que han hecho pública esta situación, han señalado que se trata de denuncias por bullying.

Procedimiento

El superintendente explicó que el proceso regular y protocolizado que sigue la entidad para atender estos casos es el siguiente: se recibe la denuncia, se le pide información oficial al establecimiento educacional y respecto de esa información oficial se va a terreno a verificar la veracidad o no de la misma "En eso nos encontramos en este caso. Nos encontramos en etapa de verificación, de fiscalización en terreno", precisó Mecklenburg.

40% son maltrato

Pero la situación que afecta a este colegio no es aislada. Existe un dato preocupante que mantiene en alerta a las autoridades de educación.

"Seguimos con un dato preocupante. El 40% de las denuncias que recibe la Superintendencia tienen que ver con maltrato y yo te hablo de maltrato y no de bullying porque la diferencia conceptual es que el bullying tiene un carácter permanente y el maltrato puede ser un episodio, nosotros contabilizamos todo (...) El 40% de las denuncias son maltrato, maltrato entre los diversos actores de la comunidad educativa", comentó la autoridad, precisando que la cifra se ha mantenido estable durante los últimos 3 años y es transversal en todos los establecimientos (particular subvencionado, particular, municipal).

Para Pablo Mecklenburg, la cifra evidencia que las comunidades educativas están con dificultades para enfrentar este tipo de situaciones y que si bien éstas no son las que generan el maltrato si se han convertido en un reflejo de la sociedad.

"Tenemos que ser capaces de dotar de mayores herramientas a profesores, a directivos, a padres y apoderados para resolver conflictos en la escuela y que éstos no terminen en situaciones de maltrato", planteó.