Priscilla Barrera Ll.

"La ambición puede romper el saco": con esta frase, el diputado electo por Viña del Mar, Jorge Brito, graficó lo que está ocurriendo en la Ciudad Jardín con la implementación de 4 mil 400 parquímetros en la Población Vergara, medida que se inició parcialmente este lunes y que, a juicio de los convocantes a una nueva protesta contra la medida, ha representado mermas en casi un 50% para el comercio del sector.

Aunque la nueva manifestación, al igual que la anterior, tuvo pocos adherentes, representantes del Movimiento No a los Parquímetros, del Sindicato de Acomodadores de Autos y de la Federación Mipyme, que cuenta entre sus socios con locatarios de la Población Vergara, presentaron junto al futuro parlamentario dos mil firmas de personas que se oponen a la implementación de los parquímetros.

"Hemos entregado más de dos mil firmas pidiéndole a la alcaldesa Virginia Reginato que escuche a la ciudadanía, que escuche a las vecinas y vecinos que queremos detener este tremendo abuso que significa la concesión de parquímetros en la Población Vergara", manifestó Brito, al tiempo que cuestionó la licitación, por el hecho de que sea Raúl Alcaíno el representante de la empresa y que Globe Parking haya sido la empresa que menos paga al municipio y más cobra a los residentes, entre otros cuestionamientos como, por ejemplo, la falta de participación ciudadana antes de la implementación de esta medida.

Claudio Galleguillos, socio y en representación de la Federación Mypyme, que encabeza Carmen Greco, manifestó que desde el inicio de cobro de los parquímetros las ventas para sus socios -cerca del 30% de los integrantes de la organización- han experimentado mermas de casi un 50%. "Han bajado en un 50% las ventas, la gente no se está estacionando: en 5 Norte con 3 Poniente, en 2 Poniente", precisó.

Beatriz Moya, presidenta del sindicato de acomodadores de autos, aseguró que seis socios del sindicato postularon a Globe Parking, ninguno de los cuales fue contratado por la empresa. "Los socios tenían la libertad de postular y lo hicieron, ninguno de ellos quedó", aseguró la dirigente.

Janna Sakalha, abogado y residente en Población Vergara y vocero del Movimiento No a los Parquímetros, manifestó que nunca han estado en contra de un reordenamiento en Población Vergara, pero sí piden participar de los procesos.

"Lo que queremos es que esta situación que se volvió inconsulta y unilateral por parte del municipio haya sido conversada. Pedimos una consulta ciudadana que nunca ocurrió" recordó Sakalha, quien acusó a la alcaldesa de construir una ciudad segregada.

Pases liberados

Entre las denuncias planteadas, se mencionó que no todos los residentes han recibido, pese a solicitarlos, sus pases liberados como residentes. Esto fue respondido por el municipio, desde donde precisaron ya se han aprobado 184 de estas solicitudes existiendo 37 pendientes, cuyos antecedentes aportados se están chequeando en terreno para las verificaciones correspondientes.

La noticia en torno a un acuerdo judicial entre el municipio de Viña del Mar y Besalco que impediría la llegada a un juicio entre las partes, encendió las alertas, toda vez que el acuerdo que deberá ser sancionado por los concejales, incluye un aumento en el plazo de concesión de los parqueaderos subterráneos y un aumento de tarifa, medida que afectaría directamente el bolsillo de los usuarios.

El diputado electo Jorge Brito no descartó propiciar una acusación contra la alcaldesa Virginia Reginato, por notable abandono de deberes, toda vez que, a su juicio, no se han custodiado los intereses de la ciudad.

Desde el municipio, en tanto, informaron que "concluida la etapa probatoria en este juicio y estando la causa para dictarse sentencia, el Departamento de Asesoría Jurídica del municipio ha concluido que a fin de resguardar los intereses del municipio, lo más recomendable es optar por una salida intermedia que equilibra los intereses de las partes, especialmente por el hecho que la Municipalidad no tendrá que cancelar la eventual indemnización que Besalco Concesiones S.A. pretendía solicitar y que alcanza a un monto de $16 mil millones. Con esta transacción judicial, que por otro lado implica ampliar en 7 años el plazo de la concesión que se inició en julio del 2010, se da la opción de poner término anticipado al juicio sin costo alguno para el municipio, ni tampoco afectando la funcionalidad de esta infraestructura urbana, pues ella siempre será operada por una empresa concesionaria. Se ha presentado esa alternativa de transacción al Concejo Municipal".