Carla Olivares Rojas
Aunque a primera hora de la mañana se pensaba que era una nueva broma por el día de los Santos Inocentes, con el correr del día lo que era un rumor se confirmó y es que la Corte Suprema le cerró la puerta por fuera al Mall Barón acabando así con todas las aspiraciones del grupo comercial Mall Plaza.
En un fallo dividido de 54 páginas, la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz y Jorge Dahm, además de los abogados integrantes Carlos Pizarro y Jorge Lagos, dictaminó que el otorgamiento del permiso de edificación entregado por el municipio porteño el 14 de febrero de 2013 carecía de legalidad.
"Se acoge el reclamo de ilegalidad planteado en la presentación de fojas 12 en contra de la Municipalidad de Valparaíso y, en consecuencia, se deja sin efecto el permiso de Edificación N° 79, de 14 de febrero de 2013, otorgado por la Directora de Obras Municipales de la referida ciudad", señala el documento.
El argumento principal de esta medida se explica por cuanto el predio en el cual se iba a desarrollar el proyecto no enfrenta una vía de troncal expresa. Lo anterior porque al paño se encuentra emplazado entre el mar y la línea férrea sin salida directa a la avenida, lo que reduce de manera significativa el tipo de proyecto que se puede desarrollar ahí.
Defendamos la ciudad
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad quienes presentaron el recurso frente a la Corte Suprema, señaló que con esta resolución se le puso una lápida al proyecto que se emplazaría en los terrenos de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).
"Aquí la dirección de Obras de la municipalidad de Valparaíso cometió un error garrafal al otorgar un permiso de edificación trucho. En su momento se dieron a conocer todas las ilegalidades, pero parece que la Empresa Portuaria de Valparaíso estaba muy satisfecha con el negocio que había hecho con una filial de Falabella para construir este mall y, por lo tanto, majaderamente insistía en sostener que el permiso estaba bien otorgado", señaló.
En una primera instancia, el recurso presentado por el abogado de Defendamos la Ciudad, Rodrigo Avendaño, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso por unanimidad, sin embargo, la Suprema le encontró la razón a los vecinos.
"El máximo tribunal del país, le puso una lápida al negocio inmobiliario, por lo tanto, imperó la ley", sostuvo Herman.
"puente cau cau"
Por su parte, el alcalde porteño Jorge Sharp aplaudió la resolución del máximo tribunal del país y valoró que se impusiera el anhelo de los vecinos.
"Se ha dado lugar a un amplio triunfo de diversas organizaciones políticas, sociales, ciudadanas de distintas tendencias políticas con diversidad social, cultural y económica. Visiones respecto de las cuales la alcaldía ciudadana está completamente alineada", indicó el jefe comunal.
Sharp recordó que a través de los años se habló que el nuevo Mall Plaza Barón era un proyecto que iba a generar inversión, empleo y que iba a permitir el dinamismo económico de la ciudad.
"Esas fueron las principales fortalezas que señaló durante diez años este proyecto, se hicieron campañas publicitarias, se hizo trabajo con distintas juntas de vecinos, se ofrecieron capacitaciones y en conclusión hoy vemos que un paño en un sector de mucha plusvalía para la ciudad, estuvo secuestrado diez años en un proyecto que no tenía ningún tipo de viabilidad (...) Durante diez años, en ese sector que tiene grandes potencialidades, grandes oportunidades para la ciudad, sólo se han visto pérdidas. Creemos que este proyecto es el Puente de Cau Cau de Valparaíso, un error de principio a fin", dijo el alcalde Sharp.
Intendente porteño
Pese a que el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, valoró que se llegara a fin, criticó la cantidad de años que demoró el proceso lo que no es una buena señal para el sector privado y sus futuras inversiones en Valparaíso.
"Tenemos que entender que así es la institucionalidad que tenemos y tenemos que ser respetuosos de cómo los distintos órganos del estado van resolviendo los conflictos que se van presentando en la sociedad y lo que corresponde más que comentarlo es acatarlo", indicó.
Aldoney aseguró que el camino que le queda a los incumbentes en la materia es insistir en un nuevo permiso de obra y aclarar que pasará con el VTP porque el permiso le incumbía a ambos.
Se estima que el Grupo Plaza pagaría USD 150 millones a la EPV por la concesión de 20 años del terreno objetado, además existiría una cláusula de salida que podría evitar al estado un millonario pago indemnizatorio.
