Carabineros indemnizan con 800 mil pesos a joven agredida en una marcha
El hecho ocurrió el 21 de mayo de 2015 en una protesta estudiantil, en la Plaza Victoria. Ayer ambas partes llegaron a un acuerdo reparatorio.
Impacto causó en su momento la agresión sufrida por la joven estudiante Paulina Estay Barrera, quien el pasado 21 de mayo -mientras participaba en una marcha estudiantil- fue brutalmente agredida por personal de carabineros de Fuerza Especiales.
En las imágenes que circularon por toda la prensa, se puede ver como Paulina es golpeada por uno de los carabineros con la luma, y luego es empujada por otro carabinero con el escudo. La joven cae de espalda al piso y se azota la cabeza con la acera de la Plaza Victoria. Ningún funcionario de Fuerzas Especiales le brindó ayuda, sólo la socorrieron los mismos manifestantes.
Acuerdo reparatorio
A casi tres años de lo ocurrido, ayer en el Juzgado de Garantía de Valparaíso se realizó la audiencia de juicio oral simplificado contra ambos funcionarios de Carabineros, ya que la víctima se querelló contra sus agresores por el delito de lesiones -que en su momento fueron calificadas como leves-, pero graves en el contexto que se desarrollaron.
Aún así, el fiscal José Miguel Subiabre planteó que -previo acuerdo con la víctima- se aceptaría un acuerdo reparatorio que se tradujo en una indemnización de 400 mil pesos por casa uno de los imputados. O sea, en total suman 800 mil pesos, y el fin del proceso judicial. En esto también estuvo de acuerdo la abogada del Consejo de Defensa del Estado.
En la audiencia, el juez Fernando Vergara le consultó a Paulina si la decisión la había tomado libre y voluntariamente, y si es que había recibido algún tipo de presión. Pero la víctima reafirmó que estaba de acuerdo con la medida y aseguró que no había sido presionada.
Fue así que en la misma sala se realizó el primer pago de 200 mil pesos por cada uno de los imputados a la víctima. Y el resto se cancelará los meses siguientes.
A las salida de la audiencia, ambos carabineros se fueron si hacer declaraciones, y fueron encarados por el testigo Javier Rodríguez, quien además es observador de Derechos Humanos. Rodríguez recriminó que ninguno de los imputados pidiera disculpas públicas a la víctima. "¡La sacaron barata!", les impugnó.