Carla Meyer, encargada de la Unidad de Vivienda, explicó que cada persona que recibía el subsidio, debía contratar una empresa privada para que realizara la reconstrucción. La idea, es que todo estuviera terminado para el 2021, pero la poca fiscalización a las entidades patrocinadoras ha complicado la labor. "Muchas de ellas quebraron y familias tuvieron que vincularse a otra constructora. Tenemos casos de estafa, casas no terminadas y en mal estado. Ahí es donde nos encontramos con proyectos que están en espera y por eso para nosotros es fundamental que la nueva administración y el nuevo Gobierno se comprometa a que estos US$509 millones queden en la comuna, pese a que haya presupuestos de las arcas fiscales que se redestinen a otras emergencias", agregó Daniel Ramírez.