Secciones

Funcionarios de consultorios ya no dan más con las agresiones

Trabajadores municipales paralizaron por 24 horas para exigir más seguridad en sus trabajos.
E-mail Compartir

Claudia Carvajal R.

Cansados de sufrir agresiones en sus lugares de trabajo, que incluyen hasta balaceras, funcionarios de consultorios municipales de todo el país paralizaron sus actividades por 24 horas y ayer marcharon por las calles de Valparaíso.

De esta manera, auxiliares, administrativos, doctores, dentistas, enfermeros y otros profesionales, exigen que el Gobierno aborde la problemática para que así puedan trabajar de manera más segura. Y no sólo ellos, sino que también brindar tranquilidad a los usuarios.

El presidente regional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Fernando Kursan, recordó que hace unos meses "se generó una balacera en Concón lo que provocó problemas con una ambulancia; hubo agresiones en el sector alto de Valparaíso, también en Viña del Mar".

Kursan además señaló que "todas las comunas han presentado muchas quejas referentes a situaciones muy puntuales de agresiones de usuarios que creen que es la forma de tratar a los trabajadores. Existe esta lamentable política del gobierno de generar expectativas de mejoras de atención, cuando todos sabemos que los recursos, tanto humanos como financieros, siguen faltando en la atención primaria".

Agredidos

José Ortiz, delegado del sindicato del consultorio Reina Isabel de San Roque, ha vivido en carne propia la violencia. "Hace un tiempo atrás fui agredido por una paciente que no fue al médico el día que le correspondía y cuando fue me exigió ver al médico. Le dije que no se podía y me agredió, me agarró a puñetes".

Y a principios de este año, una colega de Ortiz, también tuvo un problema con una paciente que fue a pedir hora dental. "Fue tarde, cuando ya se habían tomado los cupos de urgencia y como la mujer se enojó, tomó el computador y se lo tiró por la cabeza", relató el dirigente.

Ortiz destacó además que "como funcionarios no tenemos la culpa, el sistema no entrega los insumos, entonces el paciente se molesta. Si no hay horas médicas o dentales es porque no hay suficiente recurso humano para atender a la población".

Carlos Cerda, presidente de la Confusam en Valparaíso, reflexionó que "en el sistema hay muchas desigualdades y estas se manifiestan con agresividad. Cuando la ambulancia va a buscar a una persona herida en una riña, la ambulancia es baleada para que esa riña termine en muerte. No queremos esperar que haya un funcionario de la salud muerto".

Sharp llama a dar "luz verde" a la Ley Valparaíso por puertos

E-mail Compartir

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, junto a organizaciones y dirigentes sociales, hicieron ayer un llamado, más bien una demanda con el foco puesto en las ciudades puertos de Chile y Valparaíso en particular. El desarrollo portuario, "una necesidad impostergable" a juicio de Sharp, con mensaje a La Moneda, antes de la Cuenta Pública.

En 1998, con la modernización portuaria de Chile -a través de la Ley 19542 que puso fin a la Emporchi-, se dio un proceso de privatización y modernización de los puertos. Tema que "debería ser profundamente revisado", a juicio del alcalde porteño por el rol estratégico de los puertos donde pasa 80% de la economía nacional. "Que los puertos de Valparaíso tributen en las ciudades. Que la 'Ley Valparaíso' vea luz verde, el sueño de porteños y porteñas".

nuevo Protocolo

E-mail Compartir

El director del área salud de la Corporación Municipal de Valparaíso, Alejandro Escobar, dijo que para enfrentar la paralización hubo turnos éticos en los 12 Cesfam, mientras que los Sapu funcionaron de manera normal. En cuanto a la problemática que motivó la movilización, comentó que "hace unos meses, junto a los dos sindicatos de trabajadores de la salud, hemos avanzado en la elaboración de un protocolo de defensa a los funcionarios". Este reglamento tiene cuatro componentes: realizar las denuncias respectivas tanto a carabineros como a la dirección de área, disponer de todas las medidas de prevención para el funcionario agredido y la posibilidad de emprender acciones legales.