Acusan de colusión a 111 doctores de la región y piden duras sanciones
Fiscalía Nacional Económica ingresó requerimiento al Tribunal de la Libre Competencia para solicitar la disolución del gremio que los reúne. Investigación reveló mecanismo para fijar precios de consultas y honorarios quirúrgicos.
Crónica - La Estrella de Valparaíso
Si antes nos sorprendimos y enfadamos con la colusión de los pollos, las farmacias y el papel confort, ahora un nuevo escándalo de colusión de precios sacude a los chilenos y especialmente a los habitantes de la V Región. Y en un tema tan sensible como la salud.
Tras una investigación originada en una denuncia de 2012, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un requerimiento al Tribunal de la Libre Competencia en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región (AGC), solicitando duras sanciones económica y la disolución del gremio, por prácticas colusivas en la fijación de precios de consultas médicas y honorarios quirúrgicos.
Dicho de otro modo: a juicio de la Fiscalía Nacional Económica, durante más de 30 años -al menos desde 1985- los médicos pertenecientes a esta asociación han fijado los precios de sus servicios, lo que contraviene la libre competencia y afecta directamente a los pacientes que necesitan estos procedimientos de salud.
El requerimiento de la FNE está dirigido en contra de la asociación gremial en su conjunto y de los 111 médicos que la conforman, todos especialistas en cirugía general, cirugía pediátrica y sus subespecialidades, quienes atienden en diversas clínicas, consultas y hospitales de la región. En el requerimiento, de hecho, figuran doctores con domicilio en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Concón, Quillota, Los Andes y otras comunas.
Las sanciones que solicita la fiscalía al Tribunal de la Libre Competencia son severas: además de pedirle al tribunal que se ordene el cese de la conducta colusiva y prohiba a las partes requeridas ejercerlas en el futuro, solicita una multa de 1.000 Unidades Tributarias Anuales (unos 570 millones de pesos) para la asociación gremial, que se condene a los médicos a responder solidariamente de la multa y que se ordene la disolución de la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región.
Esta es la tercera vez que la FNE solicita la disolución de una asociación gremial, lo que evidencia la gravedad del caso. Anteriormente, fue la Asociación de Productores Avícolas (APA) en el caso de los pollos; y luego, la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de Ñuble.
"Consideramos muy grave la conducta de estos médicos, que al menos desde 1985 han usado a su asociación gremial para fijar de manera concertada los valores de sus consultas y procedimientos quirúrgicos, entorpeciendo la libre competencia en uno de los mercados más sensibles para la sociedad, como es la salud", señaló ayer el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.
La denuncia
La denuncia que dio origen a la investigación de la Fiscalía Nacional Económica se originó en mayo de 2012, cuando un médico -entonces director del Hospital Clínico Viña del Mar- fue suspendido de la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región, por implementar un servicio "paquetizado" que permitía a los pacientes pagar un valor fijo por una determinada cirugía.
Bajo esta modalidad, los honorarios médicos quirúrgicos eran inferiores a los convenidos por la AGC con las isapres, pero la oferta beneficiaba a los pacientes. Esto motivó la reacción de la asociación, que expulsó al médico por contravenir los acuerdos de fijación de precios que mantenían los doctores asociados.
Este profesional puso en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica el "modus operandi" de la asociación en cuanto a la fijación de los precios de consultas médicas y honorarios quirúrgicos, lo que desembocó en la investigación que hoy tiene a 111 doctores de la V Región requeridos ante el Tribunal de la Libre Competencia.
De acuerdo a la FNE, los médicos requeridos han infringido las normas de la libre competencia "al acordar actuar de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugía y en sus respectivas subespecialidades, que son demandados por usuarios del sistema privado de salud en la V Región de Chile, mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad".
El requerimiento explica que la asociación gremial de cirujanos "ha operado como un instrumento de centralización y coordinación de la voluntad de sus asociados en el acuerdo anticompetitivos y, también, ha implementado y ejecutado el referido acuerdo mediante la suscripción de convenios con isapres, desde a lo menos el año 1985 hasta la fecha de esta presentación".
Así operan
De acuerdo a la investigación de la FNE, el mecanismo operaba de la siguiente forma. Al ingresar a la asociación, los miembros se comprometían a acatar las decisiones aprobadas en asambleas generales y los acuerdos del directorio, entre los cuales se encontraban la determinación interna de los aranceles por prestación de servicios médicos, los que luego eran negociados por los dirigentes del gremio directamente con la isapres, suscribiendo acuerdos colectivos de atención.
Así, con el solo hecho de asociarse a este gremio, los médicos aceptaban cobrar una misma tarifa por sus servicios. Los precios "cartelizados" eran replicados por todos los profesionales de la asociación.
La asociación realizaba "labores de monitoreo, vigilando el cumplimiento del arancel acordado", lo que implicaba que si un médico no acataba el precio establecido y se desviaba del acuerdo, cobrando menos, era sancionado con la suspensión o expulsión. "En el mismo sentido, la AGC ha llamado a sus asociados a denunciar a los miembros que se aparten de lo convenido", señala la FNE.
Asimismo, si una isapre se resistía a establecer un acuerdo por el "piso mínimo" que cobraban estos doctores, la asociación amenazaba con retirar a sus doctores del convenio, obligando a los pacientes a recurrir a la modalidad de pago particular contra reembolso.
Los directivos de la AGC se encargaban de "darle continuidad al acuerdo anticompetitivo en forma periódica", reajustando cada tanto los valores cobrados y exigiendo "a las isapres la aplicación de los nuevos valores". Esto se realiza habitualmente dos veces al año, en marzo y septiembre.
Los afectados
Para la Fiscalía Nacional Económica, el acuerdo colusivo ha sido "altamente efectivo" para quienes participan de él. Cerca del 80% de las consultas médicas canceladas a través de una isapre se hacen al precio establecido por la asociación cuestionada. Algo similar ocurre con las cirugías más requeridas (apendicetomía y colicestomía), donde cerca del 70% de los valores pagados fueron concordantes con la tarifa fijada por la asociación.
La participación de mercado de los médicos asociados en este gremio es realmente alta, lo que deja un bajo porcentaje de prestaciones médicas no afectas a la colusión de precios. A modo de ejemplo, en la especialidad de cirugía vascular periférica un 97,8% de los médicos pertenecen al gremio, mientras que en tórax llega al 99% y en cardiovascular, al 88,1%. En cirugía pediátrica, el 95,6% de los médicos pertenece a la asociación y en cirugía plástica y reparadora, el 95,4%.
El número de médicos que pertenecen a la asociación ha ido aumentado sostenidamente desde 2009 a la fecha en ciertas subespecialidades. "Los datos dan cuenta de que los profesionales agrupados en la asociación han mantenido una alta participación de mercado, permitiéndoles a su vez mantener y reajustar periódicamente los precios acordados para las diferentes prestaciones de esas especialidades y sus respectivas subespecialidad", apunta la FNE.
Debido a la alta participación de mercado, además, la FNE establece que para la población afectada (habitantes de la V Región) es muy difícil sustituir los servicios por otros que no estén vinculados a la colusión.