Fabián San Martín D.

A la Corte Suprema y no al tribunal de alzada de Valparaíso apelaron las defensas de los condenados por la muerte del guardia municipal Eduardo Lara, ocurrida en una manifestación el 21 de mayo de 2016.

Esta semana venció el plazo legal que tenían los abogados para cumplir el trámite que busca anular la sentencia y que se desarrolle un nuevo juicio oral.

En su escrito el abogado Nelson Miranda, que representa a Miguel Ángel Varela Veas (condenado a 12 años de cárcel por la muerte de Lara, y otros 3 años por porte de bomba incendiaria), argumentó que "durante el procedimiento y en la sentencia se han infringido sustancialmente garantías aseguradas por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile", y que en "el pronunciamiento de la sentencia se hizo una errónea aplicación del Derecho, que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo". Pide que se excluyan testigos y medios de pruebas como sets fotográficos.

El defensor penal Alvaro Barraza, que representa a Felipe Eduardo Ríos Henríquez y Hugo Ignacio Barraza Araya, condenados a 12 y 10 años de cárcel por incendio con resultado de muerte, también esgrimió como causal que "durante la tramitación del juicio se han infringido sustancialmente garantías aseguradas por la Constitución, y los tratados internacionales ratificados por Chile, en particular el debido proceso". Añadió como motivos de nulidad que la unidad de inteligencia de PDI analizó y recolectó información sin la dirección de la Fiscalía, elaborando un informe secreto, y que sus clientes no previeron que el incendio iba a terminar con la muerte del guardia.

Apelación

En su apelación la abogada Betsabé Carrasco, que defiende a Constanza Ignacia Gutiérrez Salinas y Rodrigo Andrés Araya Villalobos, sentenciados a 10 años de cárcel como coautores de incendio con resultado de muerte, afirma que hubo vulneración de derechos asegurados por la Constitución, y una errónea aplicación del Derecho, que no hubo previsibilidad en el delito de incendio en el que su clientes no tienen la calidad de coautores; pide se excluya a tres testigos y medios de prueba como sets fotográficos en un nuevo juicio oral. En caso que la Corte Suprema acoja el recurso, solicita se dicte una sentencia de reemplazo a sus clientes de 5 años de presidio.

Franco Lemos, defensor penal de Nicolás David Bayer Monnard, condenado a10 años de presido por incendio con resultado de muerte, apeló en términos similares sobre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, como el derecho al debido proceso, y consideró que hubo una " actividad policial indagatoria oficiosa no autorizada legalmente".

Con secuelas de por vida quedó un trabajador del mercado El Cardonal que el año pasado fue víctima de un crimen frustrado.

Ayer en la sala 4 del Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso comenzó el juicio por homicidio frustrado a J.A.M.S., alías el "Indio Charro". Según la acusación de la fiscal adjunta Lorena Ulloa, los hechos se registraron cerca de las 19.30 horas del 28 de agosto de 2017 en la calle Rawson, a un costado del Rodoviario porteño. En ese lugar el acusado, en compañía de otros sujetos, asaltaron a la comerciante E.G. quien se trasladaba hasta un paradero para abordar locomoción a su hogar en San Roque. Ella pidió ayuda a su hermano A.G., conocido comerciante de El Cardonal apodado "Conejo", quien salió en su defensa. En ese momento el acusado le propinó heridas cortopenetrantes en el tórax por las que tuvo que ser reanimado en el lugar. Estuvo meses internado en la UCI del Van Buren. "La herida perforó la aorta y zona pulmonar y lo dejó con bastantes secuelas", dijo la fiscal Lorena Ulloa, que para el inculpado solicita una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Ayer el acusado declaró en el juicio que por su agudo alcoholismo no recuerda haber protagonizado el delito. También testificó la hermana del lesionado, que relató la agresión, reconoció al acusado, y habló de las dificultades que vive su pariente tras el frustrado homicidio.