Como parte del caso Fraude a la Intendencia 3, la Fiscalía formalizó ayer a la empresa Haza Limitada, imputada de cometer el delito de cohecho en la adjudicación de dos licitaciones del programa Mejoramiento Territorial de Cabildo y Petorca, financiado por el Gobierno Regional (Gore), y que se presenta como una nueva arista del caso Fraude al Fisco 3. En ese proceso, el año 2017 fueron acusados de fraude al fisco la ex funcionaria del Gore, Nelda Garcés; Eduardo Jorquera, representante legal de la mencionada empresa Haza Limitada, Marcela Cartagena, jefa de proyectos de la misma firma y quien además es pariente de Garcés, y Sergio Segovia, socio de la empresa Signo limitada, también pariente de la ex funcionaria pública.

Beneficios

El fiscal que lleva el caso, Claudio Rebeco, explicó que "de acuerdo a la ley de responsabilidad de personas jurídicas, cada vez que al interior de una empresa se comete un delito de cohecho lo que corresponde es investigar si en definitiva hay responsabilidad de esa empresa en la comisión de ese ilícito".

Rebeco detalló que "lo que se detectó es que en definitiva la funcionaria del Gobierno Regional, Nelda Garcés, habría solicitado beneficios económicos en compensación de conductas irregulares, que coincidieron básicamente en el favorecimiento de esta empresa para la adjudicación de esta licitación".

El persecutor advirtió que todas estas movidas están acreditadas a través de transferencias bancarias de Eduardo Jorquera a Nelda Garcés, situación que para la Fiscalía corresponde al delito de cohecho. "Es por la falta de diligencia de esta empresa en la ejecución de estos ilícitos, que la hemos formalizado".

El fiscal destacó que "esta empresa se organizó defectuosamente permitiendo entonces que ejecutivos o controladores de la misma cometieran un delito de cohecho".

Los dos proyectos licitados eran por un monto superior a los $100 millones, pero a la empresa se le alcanzaron a pagar $34 millones. "El Gobierno Regional, advirtiendo las conductas irregulares puso término a los contratos y con eso evitó que se siguieran cursando estados de pago".

Claudia Carvajal R.

Mientras muchos chilenos tienen puestos los ojos en lo que ocurre en Malasia con el juicio a los jóvenes chilenos Fernando Candia y Felipe Osiadacz, acusados de homicidio; sus familias y abogados que viajaron a Kuala Lumpur manejan con completo hermetismo los detalles del proceso, ante el temor de que cualquier información que se filtre perjudique los esfuerzos por evitar que se los condene a morir en la horca.

A través de un comunicado, las familias Candia - Osiadacz señalaron que "como es de público conocimiento, y después de un año en que nuestros hijos Fernando Candia y Felipe Osiadacz han estado detenidos, se inicia el juicio. Ha sido un proceso largo, pero ajustado a la legislación malasia".

Durante el primer día de juicio, la fiscal del caso presentó los cargos a los dos jóvenes y además se presentó un testigo clave: Lim, el recepcionista chino del hostal donde ocurrieron los hechos. A través de un traductor relató lo que vio esa noche y contestó apenas con monosílabos las preguntas de la abogada que representa a los chilenos.

Travesti

Según contó en un despacho Roberto Cox, el periodista de Canal 13 que está en Kuala Lumpur y estuvo en el tribunal, Lim -quien tiene sobre 60 años- se mostró nervioso durante la audiencia y sólo dijo "yes o no" cuando contestó las preguntas de la fiscal.

Además, se reveló que la víctima era un travesti, que habría seguido a los jóvenes al hostal y les pidió dinero. Ante la negativa, se puso violento y fue reducido por los chilenos, quienes todo el tiempo han argumentado que fue en legítima defensa.

A pesar de todos estos detalles, los padres de Fernando y Felipe están optimistas. "Ayer comenzaron a exponerse los argumentos que los acusan y ya llegará por fin el tiempo de escuchar a la defensa de nuestros hijos", señalaron en la declaración.

En el mismo comunicado los familiares manifestaron que "agradecemos la preocupación pública por la situación judicial de Fernando y Felipe. Ellos están tranquilos y confiados en su inocencia de los cargos que se les imputan. Ellos nunca han dañado a nadie. Estamos esperanzados que así se probará".

En la primera audiencia -el juicio continuaba anoche- la defensa de los turistas nacionales manifestaron al tribunal la demora de los encargados del hostal en llamar a la policía lo que habría incidido negativamente en los acontecimientos.

En su reporte, Roberto Cox comentó lo estricto que es el tribunal con la prensa. Si bien él pudo ingresar a la sala, está prohibido grabar o sacar fotografías y tampoco sacar su celular. De hacerlo arriesga 5 años de prisión por desacato.